por Agustin Gulman
07 Enero de 2019 08:33
Alejado de la economía, el Gobierno planteó en los últimos tres meses una agenda vinculada a la seguridad y la Justicia que para la oposición más crítica es un fuerte avance de la “mano dura”. La lista incluye la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, la incorporación de pistolas Taser, el protocolo que habilita a disparar a las fuerzas federales a presuntos delincuentes que estén escapando y la baja en la edad de imputabilidad.
La idea más reciente del Gobierno es la baja en la edad de imputabilidad, un proyecto anunciado en 2017 en el marco del plan Justicia 2020, que iba a ser tratado en 2018 y que finalmente será enviado al Congreso los primeros meses de este 2019, mucho antes de las elecciones presidenciales. El plan apunta a que menores de hasta 15 años que podrán ser condenados por delitos graves, como homicidios, violaciones, secuestros o robos con armas.
La decisión se enmarca dentro de la Reforma Integral del Régimen Penal Juvenil. Aunque se pensaba en un régimen escalonado que comience a los 14 años, finalmente se decidió poner un tope en los 15, para delitos que tengan pena mayor a 15 años de prisión. En el caso de los delitos excarcelables o con penas más bajas se recurrirá a un esquema de “recuperación socio-educativo” del que formarán parte psicólogos, psiquiatras y docentes, entre otros.
El proyecto de ley sería debatido en sesiones extraordinarias en febrero.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, rechazó ante BigBang que se trate de un avance de la “mano dura”. “Todo lo contrario, hoy un menor puede ser detenido por orden de un juez arbitrariamente y no tiene derecho a la defensa. El Estado debe intervenir desde el primer momento cuando comete el primer ilícito, para cortar la carrera delictual”, afirmó Milman.
Al proyecto, que el Gobierno espera comenzar a discutir en febrero, se le suman otras iniciativas que tuvieron un fuerte impacto en los últimos dos meses y medio: desde la decisión de expulsar a inmigrantes que hubieran cometido delitos (BigBang comprobó que los pedidos del Poder Ejecutivo a la Justicia para que ordene las expulsiones se duplicaron desde 2015), se le suman la modificación del protocolo que habilita a las fuerzas federales a disparar por la espalda a presuntos delincuentes, y el anuncio de la compra de 300 pistolas Taser para que la Policía pueda utilizar en estaciones de tren y aeropuertos.
“Sería oportunista decir que hay una política de mano dura”, se atajaba un funcionario del Ministerio de Justicia. Como sea, la oposición fue muy dura, sobre todo a partir del proyecto que prevé bajar la edad de imputabilidad. Para el diputado de Red x Argentina Leonardo Grosso se busca “construir un discurso y perfil similar al de Jair Bolsonaro”. Por Twitter, calificó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “bruta, fascista e ignorante”.
En la oposición aseguran que el proyecto busca profundizar la "mano dura".
En el Gobierno creen que un sector de la oposición sostendrá la idea de no modificar el Régimen Penal Juvenil, aunque se esperanzaban en que obtendrán el respaldo de un sector del PJ para transformar en ley el proyecto. “El problema es que si no quieren debatirlo, nos dejan con un decreto vigente de la dictadura, de 1980”, sostienen.
Zaffaroni rechazó el proyecto
En diálogo con BigBang, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni, dijo que la baja en la edad de imputabilidad es una discusión que sale a relucir “cada vez que el totalitarismo financiero quiere generar más violencia”. Además, destacó que en “en la Argentina los menores son responsables desde los 16 años y que antes de esa edad casi no hay jóvenes involucrados en homicidios”. “Los números cantan”, sintetizó.
El ex juez de la Corte Suprema criticó el proyecto.
En este sentido, de acuerdo a los datos publicados por Unicef en 2015, la mayoría de los chicos privados de la libertad cayeron por delitos contra la propiedad, no graves. Sólo 82 menores de 16 estaban detenidos, mientras que entre los mayores de 16 y menores de 18 había otros 789. En total, entre ambas edades, hay 871 jóvenes. Después hay otros 500 que ya tiene más de 18 años pero que cometieron delitos cuando eran menores.
