30 Mayo de 2018 07:15
A horas del tratamiento del proyecto que busca limitar el aumento de las tarifas, en el Gobierno crece el rechazo y el malestar por la iniciativa que se encamina a ser aprobada en el Senado, donde el PJ contaría con los votos para convertirla en ley. El presidente Mauricio Macri la vetaría, por lo que no se llegaría a aplicar. En la Casa Rosada critican el costo fiscal que provocará y aseguran que sería inconstitucional.
Son cinco los argumentos con los que el Gobierno vetará la ley que se encamina a ser aprobada hoy. El peronismo tiene al menos 38 votos, suficientes para convertir en ley la iniciativa que busca reducir el incremento en las tarifas de servicios públicos al valor de 2017, e impulsa un esquema de aumentos atado a la inflación.
El proyecto se encamina a ser aprobado hoy por el Senado, que lo convertirá en ley.
COSTO FISCAL
El primer argumento por el cual el Gobierno critica la iniciativa es el elevado costo fiscal que provocará, en medio de la serie de anuncios realizados por el gabinete económico en el último mes que apuntan a reducir el déficit. Semanas atrás, durante un acto en Bahía Blanca, el presidente Mauricio Macri aseguraba que “no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas sin decir de dónde sale ese dinero, que no tenemos”.
De acuerdo a los datos que manejan en la Casa Rosada, el impacto sería de $170 mil millones en dos años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo semanas atrás que dar marcha atrás con los últimos aumentos afectaría el ingreso del Estado en el orden de los 6.000 millones de dólares. “Representa un 1 por ciento del PBI”, aseguraba el funcionario.
Macri pidió hacer un esfuerzo para reducir el déficit fiscal.
INCONSTITUCIONALIDAD
La inconstitucionalidad de la ley es uno de los argumentos centrales para vetar la ley, ya que regular tarifas no es una atribución que le corresponda al Congreso, sino que es exclusiva del Poder Ejecutivo. Por eso es que en las últimas semanas se insistía en que el presidente vetaría la ley si es aprobada, con el consecuente costo político que implica.
La opción principal es la del veto total. Sin embargo, el Gobierno también tiene la opción de recurrir a la Justicia, ya que tanto la Constitución como la Corte Suprema indican que es el Ejecutivo el que tiene la atribución de regular las tarifas y no el Parlamento.
Pichetto rechazó una negociación a última hora para acordar un proyecto conjunto.
BENEFICIO PARCIAL
Para el Gobierno, el texto que se encamina a ser aprobado en el Senado este miércoles solo favorecería a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Al retrotraer los valores de las tarifas a fines del año pasado se le devolverían recursos a la Ciudad y el Conurbano. Días atrás, el Secretario de Interior, Sebastián García de Luca, aseguró que si se aprueba “se terminarán concentrando mayores recursos para la zona metropolitana”.
PRESUPUESTO
Otro de los argumentos es que retrotraer los valores de las taifas a fines de 2017 atentaría contra el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre pasado, donde se establece una reducción de los subsidios en los servicios públicos. En la hoja de ruta económica aprobada para este año, el Gobierno preveía ajustar los subsidios más de un 15 por ciento.
Los sucesivos aumentos provocaron malestar y rechazo en la oposición.
Otras metas del Presupuesto tampoco se concretaron: el Ejecutivo preveía una inflación del 10 % que fue modificada un día después de ser aprobado a la meta del 15 %, así como un dólar a $19,3, cuando esta semana alcanzó los $25,40.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Otro de los argumentos de rechazo del Gobierno es que los aumentos fueron definidos durante las audiencias públicas que se realizaron meses atrás, donde hubo expositores que defendieron y cuestionaron el incremento en las tarifas para los servicios de luz, agua y gas.
