El empresario Alejandro Burzaco, involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA, pagó a la Justicia norteamericana 20 millones de dólares de fianza con certificados de acciones de la empresa Torneos y Competencias (TyC) y el aporte de familiares y sus abogados.
Burzaco pagó una fianza de US$ 20 millones a la Justicia de Estados Unidos.
Un documento exclusivo al que AFP tuvo acceso detalla la composición de la fianza que le permitió al hombre acusado de haber pagado coimas millonarios a dirigentes de la Conmebol para obtener la televisación de los torneos continentales de selecciones obtener su libertad condicional en la gran Manzana.
El documento exclusivo al que tuvo acceso BigBang.
De la totalidad de la fianza, 15 millones de dólares corresponden a certificados de acciones de la firma Torneos y Competencias (TyC), utilizados, tal como se observa en el documento, como activos para “asegurar el acuerdo” entre el empresario y las autoridades judiciales.
De los US$5 millones restantes, tres fueron otorgados en efectivos con aportes de Eugenio Burzaco, su hermano y secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, los abogados defensores del empresario, Pablo Minguens y Mariano Mendilaharzu, y el propio investigado.
El secretario de Seguridad de la Nación aportó dinero en efectivo para la fianza de su hermano.
A estos se suman tres propiedades por un valor de 200 mil dólares cada una. Dos de ellas entregadas por su hermana Andrea Burzaco, y un tercer segundo participante denominado Dagos LLC.
Burzaco acordó con la Justicia norteamericana intercambiar información a cambio de una mejora en su pronóstico legal y se cree que el ex CEO de Torneos ya involucró a nombres rutilantes del fútbol argentino, como el del ex presidente de Quilmes y ex secretario General de la Conmebol, José Luis Meiszner.
Burzaco, de fuertes vínculos con la política, negocia con la justicia de Estados Unidos.
El empresario pasa sus días en un cómodo departamento en New York, mientras atraviesa su complejo proceso judicial, en el que intenta disminuir su condena que podría llegar hasta los 20 años en prisiones de máxima seguridad. Para evitarlo, desde hace meses, intercambia información valiosa que puede poner en la mira a hombres fuertes del poder en Argentina.