En la mañana del viernes, en la previa de las elecciones, se presentó un denuncia penal desde la Inspección General de Justicia (IGJ) contra la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por considerar que tanto ella como Gerardo Milman y el jefe de campaña Juan Pablo Arenaza, utilizaron los fondos de la ONG Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, para la campaña electoral.
La denuncia, que recayó en el juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, incluye el pedido de desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES).
Según el documento la IGJ advierte por “la apropiación de fondos correspondientes a la IEES Asociación Civil y que indirectamente -por intermedio de aquella- han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular -la entidad civil referida- y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la Sra. Bullrich”.
En este sentido, advierte que la plata habría sido obtenida “mediante la presunta realización de 'seminarios y capacitaciones' que. en realidad. fueron meras fachadas de encuentros con la Sra. Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la referida campaña electoral de la precandidata a presidenta”.
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La Asociación fue utilizada para la campaña, la adquisición de pasajes y hospedaje y el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político”. La ONG tuvo ingresos por montos superiores a los $85.000.000 en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman cobró $2.766.170.También, en la denuncia se destaca que hay canales legales para el financiamiento privado de los partidos políticos y que, en este caso, se desvió dinero de la Asociación Civil. Por lo que podría haberse cometido “el delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215”.
Esto también se puede corroborar, con el exponencial crecimiento de los ingresos que tuvo la ONG en el último tiempo. “Pasó en pocos meses, y tal como lo ha informado la propia entidad, de no poder costear los gastos corrientes a recaudar más de $90.000.000”, explica el documento.
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El modus operandi fue bastante sencillo: fondos conseguidos a través de la ONG, algunos de ellos, por ejemplo, de empresas de juegos de azar, fueron transferidos para gastos de campaña.“Por vía de donaciones a la entidad civil, que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político, se han eludido las prohibiciones de la Ley 26.215”, asegura la denuncia. Y explica que “así resulta de la propia documental aportada por la entidad (...) donde aparecen como “aportantes” nada menos que “Casino Melincué S.A.” , “Casino Puerto Santa Fe S.A.”, entre otros”.
Los ejes del documento no terminan ahí, según la denuncia Bullrich excedió el porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona. Es decir, ahora el módulo electoral del partido es de $ 40.257.956, solo para el distrito Capital, cuando el monto máximo de personas humanas y jurídicas es de $3.059.431 por año calendario
“Elemento que evidencia el dolo de haber utilizado a la entidad civil para obtener fondos por encima de los máximos de aportes privados permitidos para un partido político. Así, por ejemplo, el Banco Galicia y Buenos Aries S.A.U. aportó entre agosto y diciembre de 2022 la suma de $(400.000+ 400.000 + 400.000 + 1.500.000 + 400.000 + 400.000) 3.500.000 violando el máximo permitido para el Distrito Capital ($ 3.059.431) previsto y autorizado por la Cámara Nacional Electoral para 2023”, justifica el documento.
Tras el análisis de los ingresos y egresos de la Asociación, la IGJ concluye que “de este modo la precandidata procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.