En un contexto desesperante con más de 70 localidades afectadas, 600 evacuados y pérdidas multimillonarias en las zonas rurales, las discrepancias entre el Estado Nacional y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz recrudecen y se retrasa la puesta en marcha de un plan para brindar soluciones a una provincia que recibió el castigo del agua en el último mes.
Nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y Santa Fe.
El mandatario provincial, quien ayer mantuvo encuentros con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y se reunió con representantes del ministerio del Interior, no está dispuesto a declarar la emergencia hídrica provincial. ¿El motivo? Al hacerlo, Santa Fe dejará de cobrar el impuesto rural, un arancel que representan para las arcas provinciales unos $ 3000 millones anuales, por lo que la medida sólo quedará efectiva si el Estado se compromete a cubrir ese bache fiscal.
Desde la cartera que dirige Rogelio Frigerio advirtieron que el pedido no será posible en un año donde se buscará ser cauto en materia fiscal. Sin embargo, existen diferencias entre las partes acerca de los motivos que llevaron a la provincia a sufrir una nueva inundación.
Miles de hectáreas afectadas por el efecto de la lluvia.
Ayer, los ministros de Santa Fe exigieron ayuda inmediata de parte del Estado para apalear la situación y respondieron a las críticas del Gobierno al asegurar que en 2017 se pondrán “como nunca en marcha obras hídricas”. Pese a esto, desde la Casa Rosada apuntan a la falta de planificación en infraestructura de una provincia gobernada por el socialismo hace casi una década.
El Gobierno de Santa Fe estima pérdidas millonarias.
Lifschitz culpó a Córdoba por las inundaciones al asegurar que “tira el agua y nosotros no tenemos capacidad para evacuarla", y apuntó al Gobierno por esta situación: “Es necesario establecer un marco de referencia entre el gobierno nacional y las dos provincias, porque los ríos empiezan en Córdoba, atraviesan Santa Fe y terminan en el Paraná”.
En el Gobierno son conscientes de esta situación y dan crédito a las declaraciones de Lifschitz, a pesar de que entienden que los gobiernos de Hermes Binner, y Antonio Bonfatti fallaron en la identificación de zonas inundables, con particular atención a las regiones del norte, en las zonas 3 y 4 comprendidas por San Francisco y Villa Cululú, el oeste y el sur, donde la laguna Picasa ayer comenzaba a anegar el pavimento de la ruta 7.
Tensa calma entre el Gobernador y el ministro del Interior.
Para dar respuesta a la solicitud del Gobernador, desde la secretaría de obras hídricas del ministerio del Interior, a cargo de Pablo Bereciartúa, se iniciaron 11 obras en Córdoba para desviar la caída del agua y se priorizaron los trabajos en el canal San Antonio, un río canalizado que encausa el agua de Córdoba cuya capacidad, ante tormentas fuertes, se ve desbordada.
La obra cuenta con un presupuesto de 800 millones de pesos, y tendrá un impacto favorable en 600 mil hectáreas y 170 mil habitantes, al mejorar el cauce principal del canal desde San Francisco hasta Las Tortugas. En total, se recorrerán unos 300 km.
En paralelo, en agosto de 2016 se dio inicio a la obra conocida como Colector Espora, similar al entubamiento del arroyo Maldonado en la Capital Federal cuyo costo alcanzará los 259 millones e impactará en 70 mil habitantes.
Tras la llegada de Macri al poder, el ministerio del Interior creó tres comités de cuencas en conjunto con los gobernadores cuya tarea consiste en diseñar y planificar este tipo de obras. Santa Fe es una de las provincias que menos proyectos presentó en 2016.
Firme en su decisión, Lifschitz reclamó a la Nación una ayuda extraordinaria en base a las estimaciones de pérdidas. Entienden que se perdieron 764 millones de dólares en el campo y 3.000 millones si se suman las pérdidas desde la anterior crisis hídrica. Números que por ahora el Gobierno no está dispuesto a ceder.