El juez federal N° 2 de Formosa, Fernando Carbajal, declaró inconstitucional el programa de Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia, dispuesto por el gobierno de Gildo Insfrán meses atrás y muy objetado por las demoras que se producen y el impedimento de cientos de formoseños que desde hace meses esperan su turno para acceder a la provincia.
En el fallo, al que tuvo acceso BigBang, el juez Carbajal declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, un sistema desarrollado por el gobierno de Formosa mediante el cual aquellos ciudadanos que deseen regresar a la provincia deben pedir autorización. Desde hace meses se acumulan pedidos y reclamos de cientos de personas que hicieron su solicitud, en algunos casos en julio, y aún no les permitieron regresar.
La situación salió a la luz semanas atrás, cuando un joven de 23 años, Mauro Ledesma, murió mientras intentaba cruzar a nado el Río Bermejo para acceder a la provincia. Ledesma se había ido antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio a trabajar en un tambo en Córdoba. Con el inicio de la cuarentena fue despedido e intentó regresar a El Colorado, Formosa, donde vivía su pareja y su hija de tres años, aunque estuvo semanas varado sin poder entrar ya que no lo autorizaban.
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En el fallo, el juez subrogante Carbajal declaró la inconstitucionalidad del sistema dispuesto por el gobierno de Insfrán por considerar que “impide el ingreso a los ciudadanos dentro de un plazo razonable”, y le ordenó al gobierno provincial que reorganice el programa para que cumpla con plazos razonables.
El planteo fue a partir de una serie de reclamos judiciales impulsados en las últimas semanas por abogados críticos de la administración de Insfrán que cuestionaron el sistema. Según reveló BigBang el 24 de octubre pasado, había todavía unos 4.600 formoseños y formoseñas que no habían sido autorizados a regresar a la provincia.
Según explicó días atrás el ministro de Gobierno, Jorge González, ante la consulta de este medio, el ingreso de los varados a la provincia se produce por goteo, ya que una vez que acceden deben ser aislados en centros dispuestos para ese fin durante 14 días, donde las personas son sometidas a dos hisopados antes de retirarse.
González justificó que esa decisión, que provocó fuertes reclamos y un duro fallo judicial, le permitió a la provincia tener una bajísima cantidad de contagios y fallecidos por COVID-19.
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Según el magistrado, el sistema de repatriación impulsado por la provincia evidencia una “falta de interés” para adecuar el programa a la situación actual. “Aquí no está en juego ni en discusión la política sanitaria, sino el modo en que esta política se implementa y lo que parece ser la incapacidad de definir la cantidad de lugares necesarios en base a los requerimientos que existen y no dilatar de manera excesiva en el tiempo este ingreso de personas”.
González disparó fuertes críticas al fallo del juez Carbajal e indicó que en los casos de hábeas corpus impulsados por los abogados Daniel Suizer y Gabriele Neme son de personas que no tenían domicilio en la provincia, e indicó que luego de que se detectaran cuatro contagios nuevos de coronavirus “el ingreso de personas representa un enorme riesgo epidemiológico”.
El fallo del juez Carbajal by AgusGulman on Scribd
“La complejidad de esta situación se ve agravada por el mecanismo de ingreso judicial, dispuesto por el juez federal subrogante, ya que la masividad de los ingresos ordenados pone en máxima tensión la capacidad de la provincia en garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios”.