La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, dictará este miércoles una sentencia crucial en la causa conocida como "Vialidad", en la cual se investigó el presunto destino de fondos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. En esta audiencia, se decidirá si se confirma la condena de seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se la acusó de haber dirigido acciones fraudulentas en beneficio de Báez, empresario cercano a su gobierno. La ex mandataria viene de criticar abiertamente a los jueces de Casación, a quienes denominó "Los Copitos de Comodoro Py". "Si no me mataron, tengo que estar prensa", resaltó y agregó: "La imparcialidad de estos jueces... te la debo!"
La sentencia estará plasmada en un documento de más de 1.500 páginas, aunque mañana solo se leerá la parte resolutiva. Desde ese momento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que la defensa apele la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que significa que, de confirmarse la condena, aún no quedará firme. La audiencia, programada para las 11 de la mañana en la sala B del edificio de Comodoro Py en Buenos Aires, será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial. El tribunal estará presidido por el juez Gustavo Hornos, acompañado por sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
A su vez, asistirán los abogados de los trece acusados, incluido el fiscal ante la Cámara, Mario Villar. La asistencia de los acusados no es obligatoria, aunque pueden optar por estar presentes. Si bien lo que ocurrirá genera gran expectativa, también causó una contundente respuesta de apoyo a la ex vicepresidenta por parte de sus seguidores, quienes argumentan que es víctima de una campaña de "lawfare" o persecución judicial motivada políticamente. En respuesta, se organizó un operativo especial de seguridad en el edificio de Comodoro Py, que incluye doble vallado y fuerte custodia policial, ya que está prevista una "clase abierta" en apoyo a CFK.
En esta última, se espera que asistan el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el dirigente social, Juan Grabois. La causa "Vialidad" comenzó en 2019 con un juicio oral que culminó en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2) resolvió, por mayoría, condenar a Cristina Kirchner, a Báez y a varios ex funcionarios de su gobierno, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada. En esa oportunidad, la fiscalía había solicitado una condena de doce años para Cristina.
En aquella oportunidad, el fiscal Diego Luciani entendió que los hechos también constituían el delito de asociación ilícita. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, con la disidencia de Andrés Basso, decidieron limitar la condena a la acusación de administración fraudulenta. El TOF2 destacó que durante la presidencia de Fernández de Kirchner se adoptaron decisiones clave en beneficio de Báez, señalando que existió un "hecho inédito" en la historia argentina, ya que se probó que decisiones de gran envergadura relacionadas con el grupo empresarial de Báez fueron tomadas bajo órdenes directas de altos funcionarios del Ejecutivo.
Los fiscales de juicio, Luciani y Sergio Mola, en su momento sostuvieron que existió un "plan criminal" impulsado desde las más altas esferas del gobierno, en el que Kirchner habría tenido un interés directo y del cual habría obtenido beneficios económicos. Este argumento fue defendido nuevamente en Casación por el fiscal Mario Villar, quien pidió confirmar la condena e incrementar la pena a doce años, reafirmando la acusación de asociación ilícita. Durante las audiencias de apelación ante Casación, la defensa de la ex presidenta solicitó su absolución total, argumentando que el caso formaba parte de una estrategia de "lawfare" en su contra.
Además, negaron la existencia de un acuerdo fraudulento entre la entonces presidenta y el empresario Báez. Este fallo también resolverá la situación de otros implicados en la causa y definirá si se mantiene el decomiso de unos 85 mil millones de pesos, determinado en el fallo original, así como la absolución de otros tres acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. La decisión de Casación en esta causa es especialmente importante porque, de confirmarse la sentencia, solo quedará como última instancia la intervención de la Corte Suprema. En este contexto, la resolución de Casación no solo determinará el futuro judicial de la ex mandataria, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos del país.