En su discurso ante la Asamblea Legislativa, este lunes el presidente Alberto Fernández pidió investigar el endeudamiento público realizado durante el gobierno de Mauricio Macri, en lo relacionado especialmente al préstamo de US$44.000 millones que se le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante estas declaraciones, muchos empezaron a preguntarse con qué fin se utilizó entonces el crédito pedido por el Gobierno de Cambiemos, a lo que el oficialismo respondió que se trata del mayor fraude de la historia y de recursos que se utilizaron para "fuga de capitales". Por eso, instó a abrir una querella para finalmente determinar qué fue lo que ocurrió,
Inmediatamente después de que Fernández hablara del tema, el Banco Central informó que le pidió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda “la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado”.
Lo cierto es que, según indicó Ámbito financiero, ya existe una causa iniciada en 2019, la cual está actualmente a cargo del fiscal Franco Picardi, quien investiga lo que ocurrió a partir de 2018 tras la firma del acuerdo con el FMI.
Sobre esto, el representante del Ministerio Público considera que se debe “dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo”.
De igual modo, el fiscal sostuvo que “la pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”.
Así, lo que se investiga es la posibilidad de que se haya incurrido en el delito de administración fraudulenta, y los sospechosos de haberlo llevado a cabo son el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno, como es el caso de el ex jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y Guido Sandleris, ex presidente del BCR, entre otros.
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La causa se inició el 2 de mayo del año 2019 y está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en febrero pasado ya ordenó una serie de medidas solicitadas por el fiscal Franco Picardi.En lo que también quiere ahondar el representante del Ministerio Público es en si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en la Carta Orgánica de la entidad, y si Christine Lagarde y David Lipton actuaron en contra de las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos.
Según el organismo que dirige hoy Miguel Pesce, entre de 2016 y abril de 2018 ingresaron inversiones extranjeras por unos US$100.000 millones. Sin embargo, ante la la situación internacional en los mercados, esos dólares salieron rápidamente y retroalimentaron la crisis cambiaria.
En base a la información publicada por el Ministerio de Economía en 2019, la mayor parte de los dólares del Fondo se destinaron al repago de deuda y hacia fines de octubre de 2019, la saliente gestión de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda, publicó un informe en el que afirmaba que el 80% de la deuda con el organismo que hoy conduce Kristalina Georgieva se utilizó para repagar compromisos en moneda extranjera.
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Según lo informado por TN, se trata de más de US$35.000 millones que fueron destinados al repago de deuda mientras que otros US$6 mil millones (equivalentes al 13,8% del préstamo total) se usaron para abonar deuda en moneda local (que luego se terminó reperfilando) y otros US$ 641 millones financiaron gastos en dólares.Por su parte, el BCRA el año pasado expuso en un informe en el que indicaron que entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cuando se impuso el cepo, el FMI desembolsó cerca de US$44.500 millones.
“Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los US$45.100 millones, una salida de capitales especulativos por US$11.500 millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por U$S36.900 millones”, aseguraron en el reporte.
Así mismo, el BCRA argumentó también que la deuda externa “se convirtió en una gravosa carga a todas luces desproporcionada” y recordó que, a fin de 2019, “el peso de la deuda pública alcanzó una incidencia del 90% del PBI y sus intereses comprometieron más del 20% de los recursos tributarios”.
“En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los U$S86.000 millones. Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas, dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos”, concluyó el reporte del BCRA.