El Gobierno salió al cruce de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por cuatro votos contra una decidió solicitar al Tribunal Oral Federal N° 2 la remisión de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz donde están acusados Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, una semana antes de la fecha prevista para el inicio del juicio oral a la ex mandataria y el empresario.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó la resolución de la Corte Suprema y afirmó que “pareciera que la Corte no quiere que se realice el juicio contra Cristina Kirchner”. La decisión del máximo tribunal de Justicia tiene como objetivo “ordenar” el expediente, que se encuentra repleto de recusaciones, planteos de nulidad y demás cuestiones que para los magistrados debían resolverse antes del inicio del juicio.
El gobierno vio en esa decisión un interés de la Corte Suprema en “proteger” a la ex presidenta y demorar el inicio del primer juicio en su contra, que ahora podría quedar con un inicio incierto, sobre todo teniendo en cuenta que la causa por el direccionamiento de la obra pública tiene más de 50 cuerpos y al tribunal le tomará, como mínimo, varias semanas analizar todo.
Garavano afirmó esta mañana que “preocupa que (la Corte) impida la realización de un juicio oral”. “Pareciera que la política sigue influyendo demasiado en la Justicia”, agregó el ministro de Justicia en declaraciones a radio Mitre. “La decisión de la Corte parece impedir o dificultar la realización de un juicio oral a una semana de ser realizado, es una decisión extraña”, agregó el ministro.
Para el gobierno la decisión de la Corte tiene un “condimento político” muy importante. De hecho, anoche la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, le apuntó a Alberto Fernández y calificó la resolución de “escandalosa” y que va “en busca de impunidad”. Hoy la OA le insistió al Tribunal Oral Federal N° 2 que inicie el juicio.