A capa y espada
26 Marzo de 2025 16:10
El magistrado Manuel José García-Mansilla sostuvo este martes la validez de su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y confirmó que su remoción antes del plazo de un año podría concretarse mediante un juicio político, algo que parece casi imposible pues la designación de su presidenta Marcela Pagano todavía pende de un hilo.
"Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", declaró García-Mansilla, que destacó que su designación cuenta con las garantías estipuladas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.
En un extenso escrito de 51 páginas, el juez respondió al magistrado federal Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo. Desesperado, García-Mansilla planteó la falta de jurisdicción del juez que tramita el caso y cuestionó la legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su "rechazo inmediato".
El magistrado recordó que su designación se realizó para ocupar la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un contexto en el que el Senado se encontraba en receso. En este sentido, subrayó que su nombramiento "se ajusta estrictamente" a lo dispuesto por el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.
García-Mansilla también enfatizó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al respecto, advirtió que cualquier intento de impugnación a su nombramiento "atentaría contra el orden público constitucional".
"Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución", señaló el magistrado, al tiempo que insistió en que su remoción sólo puede ser llevada a cabo mediante juicio político, conforme a lo establecido en los artículos 53 y 110 de la Constitución.
En su defensa, el juez aseguró que "no existe arbitrariedad o ilegalidad" en su designación y argumentó que cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no cumple con el carácter "manifiesto" exigido por la Constitución para proceder con una impugnación.
Por último, Manuel José García-Mansilla alertó sobre las posibles consecuencias institucionales sobre su posible remoción y afirmó contundente que esa situación sólo comprometería el funcionamiento de la Corte Suprema.
