por Rafael Saralegui
06 Junio de 2016 17:28
Fue un gesto político de acercamiento, luego de tantos dardos verbales hacia la titular del Ministerio Público desde el gobierno de Cambiemos, para pedir que Alejandra Gils Carbó renunciara a su cargo.
La jefa de todos los fiscales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segunda en la cartera, Eugenio Burzaco, participaron hoy la puesta en marcha de la Unidad Fiscal especial para investigar secuestros extorsivos.
Además del signo político, el encuentro también pone de manifiesto la necesidad de la colaboración entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para enfrentar un delito que preocupa a las autoridades por la sucesión de hechos, algunos de los cuales tuvieron como víctimas a figuras de la política como el ex titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Mercuri.
Del encuentro participaron casi todos los fiscales federales del conurbano, que es el la zona donde se produjeron la mayor parte de los últimos secuestros, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
"Las estadísticas de esta institución demuestran que, desde hace aproximadamente un año, el registro de secuestros extorsivos se estabilizó en altos niveles de ocurrencia y gravedad. En este sentido, además de la significativa cantidad de secuestros pergeñados, los hechos del último tiempo se revelan como particularmente graves, ya sea porque las víctimas afectadas fueron personas menores de edad o bien porque sus responsables resultaron miembros de organizaciones criminales con gran capacidad operativa y logística - en virtud de un acabado conocimiento en materia de seguridad o de vinculaciones directas con estructuras estatales-”, evaluó Gils Carbó como motivo para el lanzamiento de la Unidad Fiscal.
Entre las funciones específicas de la unidad, que estará a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, se cuentan: el apoyo temprano en la investigación criminal -brindando colaboración a los magistrados que la requieran, para articular su labor con la fuerzas de seguridad y autoridades nacionales y provinciales-; el relevamiento, centralización, sistematización y análisis de información criminal vinculada con las regularidades delictivas, lugares y personas involucradas en los casos; desarrollar vínculos y actividades interinstitucionales con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y otras instituciones, y el litigio estratégico, a través de la intervención en las distintas etapas del proceso penal, para potenciar la actuación del Ministerio Público Fiscal.
En el encuentro los fiscales se quejaron por las demoras en que incurren las compañías telefónicas cuando se les solicita colaboración para la interceptación de líneas telefónicas por algún hecho.
Pero la queja mayor es por la venta libre de chips de líneas telefónicas, utilizados por las bandas de secuestradores. Es habitual que las bandas compren decenas de chips y que los cambien asiduamente para evitar ser ubicados por la policía. En ese sentido, la ministro se adelantó que se está trabajando en una resolución de la Enacom para que se obligue a los compradores de chips a identificarse con sus documentos.
Mércuri fue víctima de un secuestro el mes pasado.
En el encuentro también hubo representantes de las fuerzas de seguridad y de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos se coincidió en la necesidad de participar rápidamente ante una denuncia y en forma coordinada entre todos los sectores involucrados en la investigación del hecho.
La procuradora Gils Carbó hizo alguna referencia a la corrupción policial, luego de que en varios casos recientes se encontraron policías vinculados con bandas de secuestradores, dijeron fuentes consultadas por BigBang.
