31 Agosto de 2017 13:40
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, responsabilizó hoy ante la Justicia federal a un ex subdirector y a su medio hermano por el supuesto cobro de una comisión de 7,7 millones de pesos en la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.
“Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de (el subdirector general) Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill”, sostuvo en un escrito la jefa de los fiscales y agregó que “está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill”.
En el escrito de descargo que entregó al juez federal Julián Ercolini, Gils Carbó insistió con que “no” cobró ni “se benefició” personalmente “por esta operación” de la compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 y recalcó que “la Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación”.
Gils Carbó fue citada por el juez Ercolini.
La Procuradora también sostuvo que “la denuncia anónima que dio inicio a la investigación” mencionaba “una participación” de su ex marido, Héctor Gustavo Alonso, pero enfatizó que “esos supuestos también fueron desacreditados por completo en el expediente”.
“La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo la procuradora.
Esta causa investiga la compra por casi 44 millones de pesos a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500, en el barrio de Recoleta.
La sede de la Procuración eje de la causa penal.
En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Thill, medio hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración al momento de la licitación.
Bellingi y Thill también están imputados en la causa, junto a otras ocho personas, y todos ya prestaron declaración indagatoria, tras la acusación del fiscal Eduardo Taiano.
Gils Carbó aseguró que “ninguna de las autoridades” de la Procuración conocían “el vínculo” de hermandad de Thill y Bellingi, así como tampoco la relación con la inmobiliaria “Jaureguiberry” y reivindicó que en cuanto lo supo dispuso “la apertura del sumario administrativo” y “la suspensión” de Bellingi.
“Guillermo Bellingi defraudó la confianza de la Procuración General de la Nación” indicó, en el escrito que presentó en el comienzo de la indagatoria.
El Gobierno pretende que Gils Carbó renuncie a la Procuración, a punto tal que el propio presidente Mauricio Macri ha dicho que es una “militante kirchnerista”, pero ella defiende el carácter vitalicio del cargo, según lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y recordó que “el Presidente de la Nación llegó al cargo procesado (por escuchas telefónicas ilegales), con procesamiento confirmado por la Cámara”.
