El vínculo entre Alejandra Gils Carbó y el Gobierno se tensa cada vez más. Ahora la Procuradora General de la Nación asegura que el presupuesto para 2017 destinado al organismo que dirige “es insuficiente para lograr los objetivos institucionales”. Así, la pelea entre ambas partes se traslada al ámbito económico.
La Procuradora requirió más dinero para su organismo.
En un oficio de 18 carillas enviado al ministro de Haciendo Alfonso Prat-Gay, la procuradora kirchnerista reclamó $1241 millones para el próximo año, y aclaró que de no cumplir con el pedido se “compromete gravemente el financiamiento de gastos e inversiones” proyectado para 2017.
De esta forma, Gils Carbó corrió de escena el intento del Gobierno por removerla a través del proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal, con el que busca reducir a cinco los años de su mandato. El fin de la iniciativa es que abandone el cargo lo antes posible.
Macri busca sacar de órbita a la actual Procuradora General.
Ahora la Procuradora traslada este debate al ámbito económico y advierte que sin recursos no se podrán continuar “investigaciones en marcha de relevancia institucional" ni crear estructuras mediante nuevas leyes. Sabe que tras las críticas de Elisa Carrió al proyecto, obtuvo algo de “aire” hasta que el Gobierno vuelva a la carga con su intento por removerla, que podría volver a ocurrir antes de fin de año.
En concreto, según Gils Carbó, correría riesgo el funcionamiento de las procuradurías especializadas en lavado de dinero, narcotráfico y violencia de género. Y además se detendrían las investigaciones en causas de lesa humanidad o "causas complejas de corrupción pública y privada de relevancia institucional", según consignó La Nación.
Gils Carbó puso en duda el funcionamiento del Ministerio el próximo año.
Mientras esto ocurre, en el Ministerio Público Fiscal existen amenazas de paros y huelgas de parte de los empleados de la oficina. Es que, según denunció Carbó, el gobierno no transfirió los fondos para el aumento del 12% dispuesto por la Corte en octubre pasado.
Ahora empleados de las fiscalías amenazan con un paro la próxima semana que en total llevará la suba en el año al 42 por ciento. La propia Gils Carbó había solicitado hace semanas un salvataje económico por 70 millones de pesos para el pago de salarios, pero el dinero nunca llegó.