18 Octubre de 2016 04:54
Le pidieron la renuncia apenas asumieron. Ella no la aceptó. Desde entonces, en el Gobierno de Cambiemos intentan reducir sus atribuciones por vía parlamentaria. Ahora el Gobierno buscará aprobar en la Cámara de Diputados la reforma del Ministerio Público Fiscal que limita los poderes de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y fijará un máximo de cinco años al mandato.
El oficialismo buscará limitar el mandato de la Procurado General.
El proyecto podrá revisar, a través de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, las designaciones de fiscales que se realizaron durante su gestión, muchas de las cuales, para el actual oficialismo, fueron arbitrarias y funcionales al gobierno de Cristina Kirchner.
Este es uno de los puntos más salientes del borrador de reforma de la ley de Ministerio Público que se discutirá hoy durante el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
Macri le pidió en reiteradas oportunidades a Gils Carbó que deje su cargo.
Desde su llegada al poder, Mauricio Macri le reclamó a Carbó que se aleje del Ministerio Público Fiscal por su afinidad con el kirchnerismo. Esta insistencia del Presidente motivó a Germán Garavano, ministro de Justicia, a idear un proyecto para limitar el plazo del mandato y acotar sus atribuciones. Sin embargo, la oposición trabó el dictamen y el Gobierno debió acordar con el Frente Renovador el traspaso de fuertes atribuciones a la Comisión Bicameral del Ministerio, presidida por la massista Graciela Camaño.
Ahora esta Comisión podrá revisar, y eventualmente aprobar, "todas las designaciones de fiscales coordinadores de distrito y titulares de procuradurías especializadas; unidades fiscales especializadas y direcciones generales".De este modo, todos los funcionarios designados por Gils Carbó estarán en la mira y serán analizados en el Congreso.
Camaño recibirá fuertes atribuciones en la Comisión Bicameral del Ministerio.
De aprobarse la nueva normativa, el procurador fiscal ya no presentará ante el Poder Ejecutivo los candidatos a ocupar cargos en el Ministerio Público Fiscal. Esta responsabilidad recaerá en un Consejo General que se creará con la flamante ley. A la vez, este organismo designará a los funcionarios interinos en los cargos vacantes hasta las designaciones definitivas, tarea que hasta ahora realizaba Gils Carbó.
