En el marco de la causa en la que está acusada la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por la compra del edificio central del organismo en más de 40 millones de pesos, se realizaron una serie de allanamientos en sedes de la Procuración General de Nación y en la casa de los imputados.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El juez federal Julián Ercolini dispuso los procedimientos en distintos edificios de la Procuración y la PROCELAC (la Procuración contra el lavado de activos), donde se secuestraron computadoras y material de interés.
Gils Carbó está acusada por la compra del edificio central del organismo.
Los investigadores buscaban los datos de una serie de correos electrónicos que envió Guillermo Bellingi, quien oficiaba como subdirector general de la Procuración y tuvo activa participación en el proceso licitatorio por la compra del edificio.
Guillermo Bellingi, ex subdirector general de la Procuración.
Entre Bellingi y Juan Carlos Thill, un productor de seguros que asesoró a la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, habrían cobrado unos 7 millones de pesos que pagó a Arfinsa, la empresa integrante del Grupo Bemberg que vendió el edificio de la calle Perón.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) determine cuál fue la ruta del dinero que se pagó como comisiones.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano.
El juez también dispuso allanamientos en la casa de Thill, en la ciudad de La Plata, y en la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, según indicaron voceros judiciales.
Vale recordar que el caso comenzó con una presentación realizada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien, tras una investigación preliminar, formalizó la demanda en la que se fueron acusados Gils Carbó y su ex marido Héctor Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación, entre otras personas.
La causa comenzó a partir de una presentación del fiscal Carlos Rívolo.
Según la denuncia, la operación implicó el supuesto pago de unos 8 millones de pesos para Alonso, aunque el mismo día de la presentación el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, negó el pago de comisiones o sobreprecios por parte de la Procuración.