por Rafael Saralegui
25 Octubre de 2019 16:55
El fiscal federal Jorge Di Lello, uno de los más veteranos del fuero federal, le dio por elevación un violento golpe a la llamada causa de los cuadernos, en una carambola que también impacta en su colega Carlos Stornelli y en el juez federal Claudio Bonadio, responsables de la instrucción del caso, que esta semana tuvo su último golpe de efecto con la aparición de seis de los ochos cuadernos que supuestamente había escrito el chofer y literato Oscar Centeno.
En un dictamen que envió ayer a la jueza federal María Servini de Cubría, Di Lello pidió el sobreseimiento de los dirigentes de La Cámpora, encabezados por Máximo Kirchner, que habían sido acusados por el temible dúo uso de fondos provenientes supuestamente de coimas para el financiamiento de campañas electorales y directamente pidió el cierre de la causa que se había iniciado como un desprendimiento de los cuadernos del remisero y escritor.
Di Lello hizo un repaso de la forma en que se inició la causa cuadernos, detalló todas las irregularidades que hubo en el expediente, tal como vienen detallando los abogados de los imputados, remarcó que no hubo registros fílmicos de los testimonios de los arrepentidos, según lo establece en forma explícita la ley, y se espantó por la forma en que se vulneró el derecho a la defensa, cuando a los imputados se les apuntaron delitos en forma genérica, sin precisiones, de manera que resultara imposible contestar en forma certera sobre los hechos que se les estaban endilgando.
“En un proceso judicial característico del Estado de Derecho, sea penal o sea de otra materia, pero concretamente cuando están en juego investigaciones que pueden conllevar la imposición de una pena restrictiva de la libertad, se consagra la presunción de inocencia del imputado y la garantía de sus derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado”, argumentó Di Lello y añadió que “este proceso no sólo debe respetar determinadas formalidades, garantías y competencias según el trámite del mismo, sino que también debe ser respetuoso con los derechos fundamentales del imputado en un proceso penal, que constituyen un límite que no puede ser franqueado nunca, ni siquiera en aras de una mayor eficacia en la búsqueda de la verdad y en la investigación y persecución del delito”.
El fiscal recordó que la causa cuadernos se inició cuando el periodista Diego Cabot se presentó en la fiscalía de Stornelli el 10 de abril de 2018 para prestar declaración testimonial y notificar al fiscal que le habían llegado los supuestos cuadernos de Centeno, que los había fotocopiado y los había tenido que devolver. Stornelli incorporó esa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. La práctica habitual hubiera sido recibir el testimonio, hacer la denuncia y enviarla al sorteo de práctica.
Sin embargo, el juez Bonadio decidió armar un nuevo expediente con fecha del 12 de junio y se lo quedó en su juzgado: tampoco entonces lo envió a la Cámara para que sorterara un nuevo juez. Di Lello recuerda que ya en otras causas en trámite se investigaba el supuesto pago de sobornos por el otorgamiento de obras públicas durante el gobierno anterior. “Ahora bien, lo relatado da cuenta de que el titular del Juzgado Federal nº 11, habiendo tomado conocimiento de una denuncia por presuntos hechos distintos a todos aquellos que tenía a estudio -según el mismo aludió-, se arrogó la jurisdicción sobre la nueva investigación”, precisó Di Lello, en contra de lo dispuesto por la Cámara Federal en un acordada que tiene más de siete años.
“Las fotocopias de los cuadernos motivaron allanamientos y detenciones a partir de la información que aparecía en ellos. Aquellos habrían sido confeccionados con sumo detalle y sin errores de ortografía por el Sr. Oscar Centeno, un ex militar que venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le había entregado el material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina”, recordó Di Lello. Y también consignó que Centeno primero había dicho que tenía los cuadernos y que luego había dicho que los había quemado en la parrilla de su casa. Y también toma nota de la sorpresiva aparición esta semana.
La causa contra los dirigentes de La Cámpora José Ottavis, Andrés Larroque, Julián Alvarez y Máximo Kirchner, los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García y el empresario Sergio Szpolski se inició a partir del testimonio del ex secretario de Obras Públicas José López, quien declaró en el expediente como arrepentido. Esa nueva causa si fue sorteada y terminó en el juzgado de Servini porque se investiga si hubo violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Pero Di Lello sostuvo que el testimonio de López no fue grabado ni filmado, pese a que la ley del arrepentido establece el registro de los testimonios por “un medio idóneo”, no sólo a partir de la escritura. En esa declaración, en la que López cuenta cómo era el presunto sistema de recaudación, involucra a todos los acusados en el uso de fondos obtenidos en forma ilegal para financiar campañas políticas.
Di Lello recuerda que en todas las causas en las que intervino con arrepentidos -cómo las que tuvo como imputado a Amado Booudou- se registraron en video las declaraciones de quienes decidieron confesar y cooperar, algo que no se hizo en la causa cuadernos, pese a que la ley así lo establece. “Sin duda, el registro por el medio técnico guarda vital importancia para evaluar las manifestaciones del arrepentido en el tiempo y contexto en el cual se refieren. Así por ejemplo, mientras se desarrollaba el acto de la declaración, donde refirió no solo a la situación de la causa, sino se pronunció con términos referidos a “estoy solo y vulnerable [...], Aprietes directos no tuve pero todos en general me decían que no hable. Lo que si tuve durante estos años un aislamiento profundo de mi familia...”. En otros términos, más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron”, sostuvo Di Lello.
En los pasillos de Comodoro Py circula la versión desde hace meses que mucho de los empresario arrepentidos se arrepintieron después de que Stornelli amenazó con mandarlos a la cárcel de Ezeiza. Pero nada de eso quedó registrado, como reclama Di Lello. El mismo rumor sostiene que los arrepentidos a la fuerza declararon lo ocurrido ante escribano públicos y que todo eso conocerá la luz cuando se realice el juicio oral.
Con la seguidilla de irregularidades consignadas, Di Lello le pidió a la jueza Servini que ordene la nulidad de todos lo actuado y dicte el sobreseimiento de todos los acusados.
