Fue el primer escándalo judicial que sacudió al Gobierno: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, de encabezar una organización dedicada a cometer delitos, integrada por funcionarios del organismo, con empresarios y hasta una jueza federal.
La denuncia recayó en el juez federal Ariel Lijo, quien hoy tomó una resolución que en principio puede ser una buena noticia para Gómez Centurión, quien dijo ser víctima de una operación urdida por un sector de la Agencia Federal de Investigaciones, la central de espías, antes conocida como Side.
Lijo sostuvo que la causa se debía seguir investigando en el fuero penal económico, ya que los delitos que eventualmente se pudieran probar son infracciones al Código Aduanero y que se engloban en la figura del contrabando.
Gómez Centurión fue denunciado por Patricia Bullrich.
Además,agregó que “en lo que respecta a Gómez Centurión y teniendo en cuenta, como ya mencioné, que su supuesta intervención en los hechos denunciados fue uno de los motivos por los cuales se radicó la denuncia en este fuero de excepción, lo cierto es que el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas”.
“Por lo tanto, en base a lo expuesto, teniendo en cuenta que las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular a Juan José Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal y que, por el contrario, la acreditación de distintos puntos de la denuncia realizada han permitido encuadrar las maniobras en delitos previstos en el Código Aduanero, es que corresponde que declare la incompetencia en razón de la materia y remita las presentes actuaciones a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta Ciudad a efectos de que sortee el Juzgado que deberá continuar interviniendo”, agregó Lijo.
En consecuencia, el juez sostiene que hasta el momento no se ha probado que Gómez Centurión haya sido parte de las maniobras denunciadas, pero el juez tampoco decreta su sobreseimiento y falta de mérito, por lo que el ex titular de la Aduana seguirá siendo investigado por el juez en lo penal económico a quien se le asigne el expediente.
Lijo dijo que no encontró delitos del ex titular de la Aduana.
Para Lijo no está probado que Gómez Centurión haya mantenido contactos telefónicos con Oldemar Barreiro Laborda, un empresario al que se le adjudica un rol central en la coordinación de la supuestas maniobras de contrabando, en la cual, según la denuncia, se obtenían 5.000 dólares por cada container que ingresaba al país sin ser controlados por la Aduana.
Para decidir el pase de la causa al fuero en lo penal económico, Lijo sostuvo que “el avance de la investigación ha permitido corroborar el carácter aduanero de los hechos denunciados y cualquier imputación que pueda realizarse estará vinculada al comercio exterior y al ingreso ilegal de mercadería al país”.
El juez recordó que el requerimiento del fiscal fue para investigar “la presunta comisión de los delitos que consistirían en el ingreso a plaza de mercadería subfacturadas, de mercaderías con prohibiciones económicas y no económicas, maniobras extorsivas, contrabando de estupefacientes, abuso de autoridad y otras maniobras delictivas que estarían llevando a cabo algunos funcionarios públicos”.