La noche del viernes 3 de agosto Oscar Bernardo Centeno ingresó al programa de testigos protegidos que depende del Ministerio de Justicia. Cuarenta y ocho horas antes, el ex chofer de Roberto Baratta que durante una década registró en ocho cuadernos el supuesto pago de coimas y sobornos de empresarios a funcionarios de la gestión K, había sido detenido y solicitó acogerse al régimen del arrepentido.
Como Centeno, en la Argentina hay 250 testigos protegidos, aunque la cantidad de personas que forman parte del régimen es mucho mayor, cercana a las 1.500, ya que además de los imputados en muchos casos se suman sus familiares más cercanos.
Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia a BigBang, en 2017 había 46 testigos protegidos en causas por narcotráfico; 33 por trata de personas, 14 en expedientes por delitos contra los derechos humanos y 39 por otras causas.
Como Centeno, hay 250 testigos protegidos en todo el país.
La cantidad de protegidos por la Justicia subió fuertemente en los últimos cinco años. En 2013 había 73; en 2014 fueron 94; en 2015 cayó a 85; mientras que en 2016 aumentó a 103 y en 2017 alcanzó los 228. “Antes era para delitos de lesa humanidad. Con la ley del arrepentido de 2016 se amplió para que puedan ingresar al sistema los protegidos por delitos de corrupción, como ocurrió con Leonardo Fariña”, explican desde el Ministerio que comanda Germán Garavano.
CÓMO FUNCIONA
El programa está dirigido a testigos e imputados que por su testimonio puedan correr serio peligro y que colaboran de modo “trascendente y eficiente” con la Justicia en casos de corrupción, trata de personas, privación de la libertad agravada, secuestros extorsivos, narcotráfico, terrorismo, violencia institucional o delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Fariña, otro de los imputados que ingresaron al sistema de protección de testigos.
Se trata de un sistema voluntario. El juez debe solicitarlo con el aval del fiscal al director del Programa, que puede admitir o rechazar al imputado, dependiendo de los riesgos que pueda representar. Además, los testigos protegidos pueden ser expulsados si violan las normas de seguridad acordadas.
LOS LOBOS, LA POLICÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
En los casos más complejos no intervienen fuerzas que dependan del Ministerio de Seguridad (ninguna de las policías, ni Gendarmería o Prefectura). Para eso se conformó una nueva policía bajo la órbita del Ministerio de Justicia llamada Los Lobos, integrada por agentes del Servicio Penitenciario Federal. En total tiene 50 efectivos, que se encargan de la custodia de los testigos con mayores riesgos, entre ellos de Centeno.
Los uniformados fueron capacitados en Canadá, el país que tiene uno de los mejores sistemas de protección a testigos. Además, el Estado firmó cuatro convenios con la Corte Penal Internacional, por lo que Argentina puede alojar a testigos protegidos de otros países que por alguna razón consideren que este territorio es el más adecuado. El país ingresó a la Red Europol de Programas de Protección de Testigos e Imputados.
Los Lobos, la policía del Servicio Penitenciario que custodia a testigos protegidos.
En el caso de Centeno, por tratarse de un protegido que se acogió al régimen hace poco, los controles y la custodia son muy estrictos y secretos. Hay otros protegidos, como Fariña, que en un comienzo tienen un régimen de mayores controles y tras declaraciones y el avance de la causa comienzan a tener otro tipo de régimen. “Ni bien entró al sistema se lo trasladaba constantemente, había mucho recelo, hubo episodios raros”, contaron a este medio.
Los expertos que trabajan en el sistema pueden decidir desde el cambio de identidad, hasta modificaciones en la fisonomía, como cortes o cambios en el color del pelo. “Otra opción es sacarlos del país”, explican. Además, se disponen distintos niveles de custodia, ya sea personal o domiciliaria, así como alojamiento en sitios reservados. Además, el Ministerio de Justicia se ocupa de gestionar alojamiento y dinero para comunicación, salud, alimentos, así como la realización de trámites y otros gastos indispensables.