04 Febrero de 2017 18:58
La Justicia Federal de Mar del Plata dictaminó que la agresión contra el presidente Mauricio Macri, en agosto, fue perpetrada por un menor de edad y resolvió aplicarle una medida tutelar, luego de una investigación que se basó en las imágenes registradas en el lugar del ataque.
Manifestantes le reclamaron al Presidente cuando pasó en auto: el Gobierno denunció que falló el operativo de seguridad
El juez federal Santiago Inchausti, a cargo de la causa por los incidentes del 12 de agosto, falló en sintonía con los pedidos de los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cantaro, Mónica Cuñaro y Laura Mazzaferri, y en contraposición de lo dispuesto por el juez subrogante Alfredo Eugenio López.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal estaba con Macri cuando el auto que los transportaba recibió el piedrazo
La investigación consistió en la búsqueda del autor del ataque con una piedra contra el automóvil oficial en el que se dirigía Macri, luego de un acto compartido con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el barrio Belisario Roldán.
López había rechazado prueba que luego fueron aceptadas cuando el juez natural reasumió la investigación, que culminaría con la presentación que los fiscales realizaran el 27 de septiembre, de acuerdo a lo revelado por el Ministerio Público de la nación.
En la pesquisa se analizaron imágenes en las que puede verse que una persona de sexo masculino que formaba parte de un grupo de manifestantes, se agachó, tomó un elemento del suelo y lo arrojó hacia el rodado que transportaba al Presidente, generando un impacto sobre la puerta del lado del acompañante a la altura del picaporte.
Esas pruebas llevaron a Inchausti a disponer, tras la correcta identificación, la citación del menor en sede judicial junto con sus padres, tras lo cual se resolvió formar el correspondiente expediente tutelar.
Asimismo, los fiscales determinaron que la orden de servicio mediante la cual se dispusiera la cantidad de agentes para cubrir el acto presidencial disponía de una dotación de 231 efectivos, cuando, a juzgar por las pruebas reunidas, no habrían concurrido a cumplir las funciones encomendadas más de 80, por lo que se solicitó la formación de una causa por separado.
