17 Agosto de 2016 05:00
La AFIP denunció que durante el gobierno de Cristina Kirchner se realizaron importaciones truchas por US$ 14 mil millones. El titular del ente recaudador, Alberto Abad, reportó la posible fuga al exterior de ese monto entre 2012 y 2015, mientras todavía estaba activo el cepo a las importaciones.
El ente recaudador presentó una denuncia por importaciones truchas.
El mecanismo era simple: una empresa lograba la autorización para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central los dólares para pagarla. Pero la operación no se realizaba o la declaración jurada anticipada de importación, requisito impuesto por la gestión de CFK, era reutilizada: es decir, retiraban en reiteradas oportunidades las divisas para la misma orden de importación.
Según consignó el diario Clarín, esta dinámica le permitió a algunos importadores hacerse de moneda extranjera a valor oficial, mientras que por ese entonces la mayoría de los argentinos tenía que pagar entre un 30 y 40 por ciento más en el circuito formal.
Se estiman operaciones sospechosas por US$ 14 mil millones.
El total de las operaciones sospechosas alcanzó los US$ 14.473 millones, número obtenido de una auditoría ordenada por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. La conclusión fue que está sospechado el 6% de los US$ 225 mil millones importados por el país en esos cuatro años.
Abad informó sobre la posible fuga al exterior entre 2012 y 2015.
La aduana estableció que hay por lo menos US$ 3.500 millones cedidos por el BCRA a diversas empresas para operaciones que rayan la ilegalidad. En total, hay 17.497 CUIT de operadores de comercio exterior que presentan inconsistencias.
El organismo ya realizó la primera denuncia en el fuero Penal Económico, contra 55 importadoras que habían pedido US$ 395 millones al BCRA, pero nunca ingresaron la mercadería al país. Las empresas que no respondan en el plazo de 10 días podrán ser denunciadas por los delitos de contrabando, evasión, posible lavado de activos, y otros ilícitos del régimen cambiario. Entre los intimados podría haber funcionarios del anterior Gobierno, nombres guardados todavía bajo siete llaves.
