El 5 de abril, cuando la cuarentena estricta llevaba apenas dos semanas, Alberto Fernández habló por primera vez del cobro de un impuesto a las grandes fortunas. Tras extensas idas y vueltas, el proyecto llegó al Congreso a fines de agosto, a fines de septiembre obtuvo dictamen de mayoría y recién será tratado este martes, más de siete meses después y en medio de una crisis económica y social sin precedentes, tras un movimiento de fichas del oficialismo, que cuenta con los votos para aprobarlo en Diputados y el Senado. Las críticas opositoras y el temor del Gobierno de un embate en la Justicia.
El proyecto del “aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas” prevé el cobro de un impuesto por única vez a las 9.289 personas más ricas de la Argentina, poseedoras de más de 200 millones de pesos, con una tasa que va del 2 por ciento al 3,5 por ciento para quienes posean más de 3.000 millones de pesos. Según datos de la AFIP, en el país hay 2.774 personas humanas que tienen entre 200 y 300 millones de pesos; 1.404 que poseen entre 300 y 400 millones y apenas 372 con más de 1.500 millones.
El objetivo del Gobierno es recaudar unos 307 mil millones de pesos en un contexto adverso desde el punto de vista económico y social, agudizado por un ajuste de la mirada fiscalista para dar señales al Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones por la reestructuración de la deuda adquirida en 2018. Esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que no habrá cuarto IFE, el bono de $10.000 que recibieron casi 9 millones de personas desde que se desató la pandemia. Cada pago del IFE le demanda al Estado 90 mil millones de pesos.
La excusa oficial es que ya comenzó la reactivación económica, aunque por otro lado el Gobierno ajusta tuercas en Desarrollo Social, donde el ministro Daniel Arroyo confirmó que duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar que reciben más de 1.300.000 de madres de niños de hasta seis años, que pasarán a recibir de $4.000 a $8.000 en los casos de un hijo; y de $6.000 a $12.000 en el caso de dos o más.
Fiscalmente nos serviría mucho el aporte de las grandes fortunas".
En paralelo, no se descarta el pago de un bono de fin de año, con el objetivo de evitar tensiones en diciembre. Guzmán también pidió agilizar el pasaje de los subsidios a la creación de puestos de trabajo.
La necesidad de cobrar un impuesto extraordinario la expresó con mayor énfasis el propio presidente este jueves por la tarde durante una entrevista con Diego Iglesias en Radio Con Vos: “A nosotros fiscalmente nos serviría mucho el aporte de las grandes fortunas”. Un pago del IFE es apenas un tercio de lo que espera recaudar el Gobierno con el impuesto a las grandes fortunas. El proyecto establece que la recaudación deberá utilizarse para comprar equipamientos de salud, subsidiar a pymes, urbanizar villas y barrios vulnerados, financiar el plan Progresar para jóvenes y darle impulso a la producción de YPF.
¿DEL CONGRESO A TRIBUNALES?
En el Gobierno creen que el aporte será aprobado por el Congreso, donde según explicó a BigBang un diputado oficialista que forma parte de las negociaciones, habría 134 votos a favor. Allí habrá apoyo de los bloques opositores más cercanos al gobierno (lavagnismo, interbloques provinciales) aunque Juntos por el Cambio ya anticipa su rechazo. Tampoco es problema el tratamiento en el Senado, donde el Frente de Todos cuenta con mayoría propia. La dificultad, reconocen, es que una vez aprobado se acumulen presentaciones de inconstitucionalidad ante la Justicia.“Hay certeza de que van a recurrir a la Justicia, van a hacer operaciones mediáticas, políticas, económicas y judiciales”, se adelantó un diputado oficialista ante la consulta de este medio. En el Gobierno hubo cenas del propio Fernández y rondas de diálogo de Guzmán con los empresarios más poderosos del país post-carta de Cristina Kirchner en la que llamó a un acuerdo con sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. “Los que gobernamos somos nosotros”, contó días atrás Guzmán que transmitió a los líderes de la Asociación Empresaria Argentina.
Impuesto a la riqueza: al final lo pagarán 9 mil millonarios y buscan recaudar $307 mil millones
Cierto es también que la estrategia de criticar por arriba y negociar por abajo tampoco es ajena al reducido universo de personas que deberán pagar en caso de que la ley sea aprobada. Judicializar el asunto podría perjudicar a muchos que prefieren no quedar expuestos ni ser vistos como los malos de la película que se niegan a pagar un aporte “solidario”, nombre empático si los hay.
Lo cierto es que más allá de unos pocos empresarios que salieron a bancar el aporte, incluso entre aquellos que tienen más cercanía con el Gobierno cuestionan la iniciativa. Alguno llegó a describir ante BigBang que el proyecto era una "pelotudez atómica" y se quejó de que menos de diez mil personas deban pagar las consecuencias de una crisis desastroza. "Espanta a la gente, no va a tener ganas de traer la plata al país", definió el hombre de negocios vinculado al mundo industrial, que incluso destaca que ahora, en plena pandemia, le fue mejor que durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.
PAGAR O NO PAGAR
La duda es qué harán los 9.289 dueños de grandes fortunas que deberán pagar el aporte solidario por única vez, y que hasta ahora no dudaron en expresar críticas a una iniciativa que se replica en países del primer mundo y hasta son mencionadas por magnates y multimillonarios que pidieron a través de una carta que se aumenten los impuestos de forma permanente e inmediata.“No tengo problema en que se apruebe un aporte extraordinario, se tiene que lograr un acuerdo con consensos”, le dijo a BigBang el empresario y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, quien aclaró que está de acuerdo con las modificaciones incorporadas para que no fuera retroactivo y que no grave los activos productivos, con el objetivo de alentar la producción.
Hubo un aporte del Estado muy fuerte".
Urtubey sostuvo que el sector empresarial “viene haciendo su aporte” durante la pandemia, y apuntó que la Argentina tiene una “carga tributaria fuerte”, aunque reconoció el esfuerzo del sector público en un contexto adverso para la economía a nivel mundial, con medidas como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que llegó a miles de empresas. “Hubo un aporte del Estado muy fuerte, evidentemente no se puede seguir generando emisión”, afirmó.
“Esta es una crisis muy complicada, sobre todo porque nosotros entramos a la pandemia ya en crisis, eso provoca que la recuperación sea más lenta y acotada”, analizó Urtubey.