30 Septiembre de 2015 08:19
El jefe de la CGT alineada con el Gobierno, Antonio Caló, quedo imputado por lavado de dinero en el marco de una megacausa en la que está acusado de desviar fondos a favor suyo y de otros integrantes del secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica. Además la Justicia pidió la inhibición de sus bienes mientras dure la investigación.
La decisión de investigar al gremialista se produjo tras condenar a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la Unión Obrera Metalúrgica, quien intentó sacar del país, con destino a Uruguay, unos U$S 800 mil escondidos en su auto, un BMW, con el que estaba a punto de embarcar en la empresa Buquebús. Ese dinero desnudó una red de manejos irregulares en los que se desviaban fondos sindicales.
Caló en la mira. Está imputado y su situación judicial podría recrudecer.
Córdoba, investigado por pagos irregulares, evasión tributaria y administración fraudulenta, declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros SA - que manejaba el extinto dirigente Julio Raele-, le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM U$S 20 mil correspondientes al veinte por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios. La Justicia cree que Caló habría recibido parte de ese dinero.
La decisión de investigar a Caló había sido tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) y de forma sorpresiva uno de las principales sindicalistas que apoya a Daniel Scioli quedó involucrado en graves acusaciones.
Caló está acusado de haber desviado fondos sindicales en su favor.
La trama
Los jueces del TOPE 2 no sólo dieron por acreditado que las autoridades del sindicato metalúrgico se dedicaron a “defraudar en forma sistemática durante años a los afiliados del sindicato” sino que además pusieron de relieve un entramado de sociedades en Estados Unidos y Panamá que se combina con la existencia de cuentas bancarias en Uruguay, en las que Córdoba tenía depositados U$S 3,5 millones. Fue el propio Córdoba quien al verse complicado en el delito denunció que él y otras 13 autoridades del gremio, entre las que se encuentra Caló, se habrían repartido desde el 2003, en promedio y durante 20 años, U$S 280 mil por mes en “prolijos sobres marrones”, que provenían del 20% de la recaudación que los afiliados al gremio le pagan al Instituto del Seguro SA en concepto de seguro de vida y de sepelios.
Antonio Caló se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno tras la división de la CGT.
La justicia pudo saber que Córdoba montó un entramado de empresas en la Argentina, Panamá y Estados Unidos con cuentas bancarias e inversiones inmobiliaras en Punta del Este y Miami. La información fue corroborada, según el diario La Nación, por dos fuentes: el exhorto de la Justicia uruguaya que acreditó al menos tres cuentas en el Banco HSBC, de Montevideo y la constitución de las sociedades; El Campanario LLC y Nasate Resources Inc, y la declaración de la mujer de Córdoba, que reveló la existencia de otras firmas vinculadas a los metalúrgicos ( Amarras del Sol LLC; Fullcash S.A, East Bengala S.A y Cederlake LLC). En Miami Córdoba contaba con el asesoramiento de Alvaro Castillo, mun agente inmobiliario autorizado para disponer de todos sus activos. Castillo, además, administró propiedades de otros argentinos ligados casualmente a la UOM y los negocios, el Grupo Olmos, dueños de Crónica entre otros.
Toda la familia Olmos implicada en el lavado de la UOM junto a otro de sus últimos socios en diario Nuenos Aires Herald, el dueño de medios K,
Sergio Spolski, quien ahora quiere ser Intedente.
Desde finales de 2002, cuando la UOM constituyó un fideicomiso para afrontar el concurso de acreedores, la firma Donington SA, propiedad del empresario que maneja el Diario Crónica, Raúl Olmos, ofició de administradora fiduciaria y eje de la supuesta triangulación de dinero. la denuncia de Córdoba fue ratificada por tres dirigentes históricos del gremio: Roberto Echenique, contador del sindicato durante 12 años; Ricardo Weisz, abogado que trabajó 15 años, entre 1982 y 2010 y Hugo Mariano Rodríguez, otro abogado quien después de revistar durante décadas en la UOM se convirtió en socio de Córdoba en sus emprendimientos privados.
Antonio Caló, lider de la UOM y de la CGT oficialista, es uno de los sostenes de la campaña Scioli Presidente.
El propio Caló, hacía ya cuatro años -al menos-, que intentaba desligarse de la causa. Para poder defenderse de la grave acusación contrató al ex camarista, abogado de Alfredo Yabrán y quien, además, trabajó en el equipo de defensores de Guido Alejandro Antonini Wilson, el abogado Guillermo Ledesma.
La misma acusación es para los integrantes del Secretariado Nacional de la UOM desde 1987 hasta 2008, entre ellos los hijos de Lorenzo Miguel.
Los bienes de Caló serán inhibidos hasta que se aclare su situación judicial.
La fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, espera que la causa sea elevada en breve a juicio oral.
