El fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que el Gobierno abusó de su autoridad al permitir que familiares de funcionarios públicos puedan adherirse al blanqueo de capitales aprobado por el Congreso. Por eso, imputó hoy al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal consideró que hubo abuso de autoridad.
De esta manera, el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°9 hizo lugar a la denuncia penal de la líder de Libres del Sur, la diputada Victoria Donda, que también se tramita en el Juzgado n°4 de Ariel Lijo. En el Juzgado n°2 de Sebastián Ramos existe una denuncia similar realizada por la diputada kirchnerista María Emilia Soria.
Imputaron a Macri, Peña y Prat-Gay.
Las legisladoras denunciantes advirtieron en sus presentaciones judiciales que el Decreto 1206/16 firmado por Macri, Peña y Prat-Gay "viola el espíritu" de la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal. Hasta la líder de la Coalición Cívica, la oficialista Elisa Carrió, había exigido excluir a los familiares de funcionarios públicos para evitar "acuerdos de impunidad".
Sin embargo, gracias al decreto publicado el 30 de noviembre en el Boletín Oficial, ahora pueden blanquear "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos antes mencionado (ver recuadro)". Para eso, los familiares deberán demostrar que los bienes a exteriorizar habían sido adquiridos previamente a la llegada del funcionario público al Estado. Por ahora.
Presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, jefe de Gobierno porteño,
vicejefe
e intendente.
Jefe de Gabinete, ministro, secretario, subsecretario nacional, provincial, municipal y porteño.
Interventor federal, provincial, municipal y porteño.
Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior.
Senador y diputado nacional, provincial, municipal, legislador porteño y parlamentario del
Mercosur
.
Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal y porteño.
Magistrado del Ministerio Público Fiscal nacional, provincial, municipal y porteño.
Miembro del Consejo de la Magistratura o jurado de enjuiciamiento.
Defensor del Pueblo o adjunto nacional, provincial, municipal y porteño.
Entre otros funcionarios entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley.