05 Junio de 2020 19:48
La ex Vicepresidenta Gabriela Michetti, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex secretario de Medios Jorge Grecco y otros funcionarios del gobierno anterior fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello por supuestas incompatibles con la función pública relacionadas con el favorecimiento de empresas que tuvieron vínculos estrechos con el apoyo a la campaña presidencial de Mauricio Macri.
La denuncia tiene su fundamento en un decreto que había sido firmado por Michetti para desligar completamente del manejo de la publicidad oficial a la agencia de noticias Télam y poder contratar de forma irregular y sin licitación de por medio a compañías para que produjeran contenidos de piezas publicitarias.
De acuerdo al dictamen se "determinó la presunta responsabilidad penal de" Jorge Miguel Grecco, exsecretario de Comunicación Pública; Ezequiel Lucas Colombo Marrón, exsubsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; Lucía Aranda, exdirectora Nacional de Contenidos; Arnaldo Horacio Minotti, exdirector de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública.
También se imputa a Fernando Ernesto Britos, exdirector de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública; y María Evelyn Tarsitano, excoordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros.
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Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos para que produjeran material publicitario.Los hechos denunciados "demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales".La denuncia, a la que ahora Di Lello le dio impulso, había sido presentada la semana pasada por la procuraduría especializada en investigar hechos de corrupción, la PIA, que solicitó que "se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA."
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, solicitó que se lleve a cabo una investigación de las contrataciones que realizó la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, firmas que obtuvieron un beneficio total de $22 millones.
Esta acusación es por el delito de negociaciones incompatibles y defraudación contra administración pública, lo cual es previsto en el artículo 265 del Código Penal.
En el texto, se remarcó que "los hechos denunciados y que fueron materia de análisis en una investigación de la PIA, demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas mencionadas", para lo que se utilizó "la figura del “legítimo abono” en contrataciones de forma habitual".
Para poder lograr esta estrategia, Michetti habría firmado el decreto 978/2016, y, como consecuencia de la rúbrica, se "desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas".
