La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal federal Ramiro González, por haber filtrado informes del fiscal José María Campagnoli al ex número dos de la SIDE, Paco Larcher, de la causa por el secuestro del ferroviario Severo Caballero, en Avellaneda.
La imputación llegó tras la declaración de Stiuso.
Según Clarín, González también le requirió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que cite al ex director general de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, para ampliar su declaración testimonial sobre ese episodio, que se desprendió de su declaración en la causa Nisman.
El requerimiento de instrucción de González se basa en el testimonio completo de Stiuso ante la jueza Fabiana Palmaghini por el caso Nisman. En aquel momento, el ex jefe de los espías aseguró que en 2012 Gils Carbó “manipuló” al fiscal José María Campagnoli para que pidiera su indagatoria como sospechoso en el caso del secuestro del dirigente ferroviario K Severo Caballero en Avellaneda. Stiuso afirmó, además, que Gils Carbó le “dio copias de lo actuado” a Larcher.
Caballero fue secuestrado en medio de una protesta de Gendarmería y Prefectura.
En 2012, Caballero fue secuestrado en medio de un paro de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura debido a una mala liquidación de sus sueldos. Gils Carbó ordenó a Campagnoli investigar el secuestro. El fiscal descubrió que decenas de teléfonos de agentes de la SIDE se habían activado en la zona del hecho, y pidió la indagatoria de Stiuso.
La imputación de Gils Carbó surge de la declaración de Stiuso en la causa Nisman.
Campagnoli sospechaba que el secuestro de Caballero -quien 24 horas después fue liberado sano y salvo- había sido un invento para tapar la rebelión de esas dos fuerzas de seguridad y sacarla de la tapa de los diarios. Por eso, ante la jueza Palmaghini, Stiuso dijo que la Procuradora “manipuló” a Campagnoli.
Ahora González imputó a Gils Carbó por la entrega de la información y complicó aún más el complejo escenario judicial de la magistrada, quien tiene unas diez causas penales abiertas de un total de 24 que acumuló desde que juró como jefa de todos los fiscales nacionales en agosto de 2012.