06 Marzo de 2019 10:35
Funcionarios tucumanos, así como parte del plantel médico del Hospital Eva Perón, fueron denunciados esta mañana por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público", luego de negarle a la nena de 11 años violada por la pareja de su abuela la Interrupción Legal del Embarazo que había solicitado. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Delitos Complejos 2 por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos.
La nena de 11 años pidió una ILE y fue obligada a someterse a una cesárea.
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En concreto, quienes deberán responder a la Justicia por haber forzado la maternidad de la menor de edad violada son: Rossana Chahla, ministra de Salud de Tucumán; el secretario del área, Gustavo Vigliocco; la directora del hospital, Elizabeth Ávila, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte.
La denuncia fue formalizada por la organización Mujeres x Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La conducta de los denunciantes "se traduce en reiterados incumplimientos de deberes de funcionario público en tanto estuvieron dirigidas a retardar, omitir o dejar de hacer actos inherentes al oficio médico y tienen como protagonistas a efectores de la salud que, al mismo tiempo, desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas", precisó a Página12 Soledad Deza, abogada y firmante de la denuncia por la agrupación MxM.
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En la denuncia también se destacan las presentaciones que se realizaron el 13 y 15 de febrero ante el Sistema Provincial de Salud y al Ministerio Público por las "irregularidades y violaciones de derechos graves" que estaban teniendo lugar luego del pedido expreso de la menor y de su madre. "Consideramos que asistimos a un momento bisagra para los derechos humanos de personas con derecho a abortar, en el cual el enfoque de género impone investigar a los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas", sostiene la denuncia a la que tuvo acceso Página12.
"La presentación se dilató más de 15 días desde la manifesación de voluntad de la niña en franca violación del deber de asegurar el acceso a la salud que tienen los funcionarios públicos del Siprosa, según la Ley 5652", suma la denuncia. En efecto, el artículo 2487 del código Penal establece que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
