La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a ser intimada por el juez Sebastián Casanello para que detalle en menos de 72 horas a dónde fueron los alimentos por vencer que habían sido ordenados a distribuir por la Justicia. Es la quinta vez que sucede desde que comenzó la causa penal el 27 de mayo, a partir de las comprobaciones de las denuncias sobre la mercadería a perecer en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.
El pedido se da en el marco de una apelación del Poder Ejecutivo a la Corte Suprema que inició el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, un ex ministro de Justicia menemista que hasta tuvo acusaciones por haber sido parte de grupos neonazis en su juventud. La intención del oficialismo reside en el argumento de que el reparto de comida es una política no justiciable. La sospecha acerca de que no se entregaron por una expectativa de cara a un fallo favorable, es una realidad.
En esta nueva intimación Casanello precisó saber sobre "el remito de los 4.439 kg de harina de maíz entregados a la organización CONIN de la localidad de Capitán Sarmiento". La fundación de la que habla es la que encabeza el médico Abel Albino, un profesional de un perfil poco científico y más bien vinculado a lo religioso. Fue quien llegó a decir que el preservativo no evitaba el contagio de HIV y otras enfermedades venéreas, porque este virus "atravesaba la porcelana".
Es que CONIN fue una de las instituciones que informó el Ministerio de Capital Humano como las que recibirían la mercadería, pero la falta de registro de esto todavía deja muchas dudas a la Justicia. De Villa Martelli solicitaron "un informe del estado de distribución de la leche en polvo marca Cotar y las pasas de uva habidas en el depósito". Estos habían sido comprobados como prontos a vencer durante las revisiones.
En ese sentido, la demanda insta a que se presente "un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación CONIN, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios". También exige: "Copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos".
Las solicitudes son en el marco de lo que informó Capital Humano al juzgado de Casanello el 1 de julio, luego de que la Cámara Federal porteña ratificara la demanda inicial que ordenaba que se repartan los alimentos. Dándole lugar a la posibilidad de que todo marche según los planes, el magistrado pidió un informe sobre el avance "en caso de que se hubiese comenzado la ejecución".
A su vez, la exigencia judicial también tiene un alcance mayor de cara a la demanda de un plan de distribución de la mercadería que se encuentra en los galpones de Capital Humano desde diciembre y que no se utilizaron para las emergencias naturales que hubo como el temporal en Bahía Blanca, excusa en algún momento esgrimida para justificar la falta de empatía con quienes menos tienen en el país.