La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su jefe de gabinete cuando murió Santiago Maldonado, Pablo Nocetti, y otros funcionarios de su cartera serán investigados para determinar si utilizaron el aparato del Estado para perseguir, espiar y hostigar a comunidades mapuches que están en conflicto por reclamos de tierras para beneficiar a los actuales propietarios, en contra de los reclamos ancestrales y favorecer negocios inmobiliarios.
El fiscal federal Franco Picardi pidió investigar a Bullrich, adalid de la mano dura del gobierno que se va, en una causa que se había iniciado por una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que relató una serie de hechos, entre los que se incluyó la muerte de Maldonado en Chubut y de Rafael Nahuel en Bariloche.
"En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, es que este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera individualizados en este dictamen, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad", escribió Picardi en su dictamen en el que le pide una serie de medidas a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
“Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”, escribió Bullrich esta tarde en un tuit al dar a conocer la causa que se abrió en su contra.
En la denuncia, la APDH sostuvo que “funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios”.
La denuncia da cuenta de una serie de hechos, como allanamientos por parte de fuerzas federales sin orden judicial, tal como ocurrió en Chubut cuando se produjo la muerte de Maldonado, la creación de una figura inexistente como la RAM, a quien Bullrich caracterizó como una suerte de guerrilla financiada por el exterior, y tareas de espionajes a diversos dirigentes de comunidades mapuches en la Patagonia.
Luego de analizar todos los elementos presentes en la denuncia, Picardi consideró pertinente iniciar una investigación penal para determinar si Bullrich y funcionarios de esa cartera “se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.
Quien fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, estuvo en Chubut el día anterior a la represión por parte de la Gendarmería que finalizó con la desaparición de Maldonado. Su cuerpo fue encontrado apenas 48 horas antes de las elecciones de mitad de mandato del gobierno de Macri, en octubre de 2017.