Es uno de los eternos barones del Conurbano, el grupo de alcaldes del Gran Buenos Aires que sobreviven a todos los gobiernos y siguen en sus cargos. Siempre está.
Nos referimos al intendente de Florencio Varela, el peronista Julio César Pereyra, con 24 años al frente del municipio, a quien se le comienza a complicar el frente judicial.
El jefe comunal fue imputado por supuesto fraude a la administración pública y exacciones ilegales, informaron hoy fuentes judiciales.
Con 24 años al frente del Municipio de Florencia Varela, Pereyra es el alcalde con más años en el cargo. En ese grupo quedan Alejandro Granados, intendente de Ezeiza desde 1994, y Alberto Descalzo, también intendente desde 1995 en el partido de Ituzaingó.
El fiscal federal interino de Quilmes, Néstor Adrián Rigonatto, requirió el impulso de la acción penal contra el jefe comunal, que también preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), en un dictamen elevado al juzgado federal de Quilmes.
La diputada nacional Elisa Carrió (CC-Cambiemos) había denunciado penalmente a Pereyra, también dirigente del kirchnerista Frente Nacional Peronista, porque, según ella, su nivel de vida no se condice con sus ingresos como intendente.
Según la ex legisladora, el dirigente peronista alquila una propiedad en Puerto Madero para su ex mujer, ha realizado numerosos viajes al exterior, posee varios vehículos de alta gama y habita una casa en Varela, que estaría a nombre de una sociedad.
Carrió atribuyó el supuesto enriquecimiento del funcionario al manejo de los fondos públicos que le fueran remitidos por los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, destinados a inversiones en obra pública y programas sociales.
También cuestionó la diputada una serie de contrataciones supuestamente directas del municipio para obras y servicios públicos por medio, según la legisladora, de cooperativas o controladas por gente del círculo íntimo del alcalde.
El fiscal Rigonatto, que reemplaza a la fiscal titular Silvia Ruth Cavallo, pidió que se investigue si Pereyra incurrió en los delitos de fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales, a la vez que propuso una serie de medidas de prueba.