El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha decidido avanzar con el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de estar implicado en el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, durante la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La reacción del ex mandatario no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el amigo de Javier Milei desplegó un discurso cargado de victimismo, denunciando lo que considera un ataque político en su contra: "Tienen prisa. Demasiada prisa. El proceso contra mí avanza a una velocidad 14 veces más rápida que la del Mensalão y al menos 10 veces más rápida que la de Lula en el Lava Jato", escribió, comparando su situación con casos judiciales que marcaron la historia reciente de Brasil.
Para el líder de la ultraderecha brasilera, el avance del juicio no responde a motivos legales, sino a una estrategia política para eliminarlo como contendiente en las elecciones presidenciales de 2026: "La propia prensa informa, abierta y sin rodeos, que la motivación no es jurídica, sino política: el tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme", afirmó con su característico estilo grandilocuente.
El expresidente, además, calificó el proceso judicial como un "teatro procesal disfrazado de Justicia". Según sus palabras, se trataría de "un juicio con fecha, objetivo y resultado definidos de antemano", que busca interferir en la dinámica política del país.
Totalmente fuera de contexto, para el ex presidente brasilero, lo que ocurre es "una especie de atentado jurídico contra la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente completamente comprometido y desconfiado". Tampoco faltaron las amenazas al oficialismo: "No crean que el mundo no está prestando atención. La comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en Brasil. Juristas, diplomáticos y líderes políticos ya reconocen el patrón: es el mismo guión que se vio en Nicaragua y Venezuela", expresó contundente.
Mientras tanto, la defensa del exmandatario está desesperada y argumentó que se violaron sus derechos procesales al no permitirle acceso completo a las pruebas y por la supuesta acumulación excesiva de documentos en el caso. También acusaron al STF de practicar "pesca probatoria" y señalaron la dificultad de dividir la denuncia en partes más manejables.
El ultraderechista enfrenta cargos graves que podrían llevarlo a cumplir unos 40 años de prisión. Las acusaciones incluyen abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, vinculación con una organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio público. Entre los acusados también figuran altos mandos militares y exministros de su gobierno, como Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Anderson Torres.
Los hechos
El episodio más emblemático relacionado con estas acusaciones ocurrió el 8 de enero de 2023. Miles de simpatizantes bolsonaristas irrumpieron violentamente en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema en Brasilia. Los manifestantes vandalizaron los edificios al grito de "fraude", cuestionando sin pruebas los resultados electorales que dieron la victoria a Lula da Silva.
Mientras tanto, Luiz Inácio Lula da Silva consolida su mandato tras una victoria electoral legítima y reconocida internacionalmente. La asunción democrática del líder del Partido de los Trabajadores marcó un retorno a políticas sociales inclusivas y a un enfoque más conciliador en el ámbito internacional, contrastando con el estilo polarizador que caracterizó a su predecesor Jair Bolsonaro, algo muy paradójico porque aquel que se proclamaba defensor acérrimo del orden como exponente de la ultraderecha latinoamericana, ahora enfrenta a las mismas instituciones que tanto decía proteger.