Javier Milei metió la cola. A través del Boletín Oficial que se publicó el 13 de junio de 2024, se declaró la "emergencia ferroviaria" para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de dos años (24 meses).
La medida fue tomada después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado que si bien todavía no tiene peso de ley vigente -porque todavía tiene que ser discutida en Diputados- el proceso de privatización parece más cercano de lo que parece.
En el Boletín publicado por la Oficina Presidencial, se establece que se adicionará 1.3 billones de pesos ($1.293.780.000.000) para la emergencia. El objetivo, según se explicó es para "mejorar las condiciones de seguridad operativa" y resalta: "Para lograr dichos objetivos, y aún ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario".
Lo cierto es que la emergencia ferroviaria se oía como un susurro que resonó aún más fuerte cuando colisionaron un tren de carga y uno que transportaba pasajeros en Palermo hace solo un mes atrás.
Uno de los puntos de mayor relevancia es que el gobierno de La Libertad Avanza es que, se ordena que las empresas ferroviarias estatales y a las concesionarias (Ferrovías y Metrovías) deben presentar una planificación con los puntos más importantes que se deben reforzar para que las operaciones de servicios -tanto de pasajeros como de carga- funcionen con mayor seguridad. Para esto, tienen un plazo de 15 días.
Para dejar todo claro, el presidente Javier Milei y su gabinete, explicaron: "De esta manera, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la mejora y la modernización del sistema ferroviario de contribuir al desarrollo y a la seguridad del transporte ferroviario en nuestro país".
Quienes tendrán la potestad de realizar cambios sobre las líneas de trenes en emergencia será la Secretaría de Transporte de la Nación a cargo de Franco Mogetta. Desde el gobierno hicieron hincapié en la planificación para mejorar los servicios.
Desde la Secretaría, explicaron que: "Se elaborará un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros".
En ese informe tienen que detallar: "Plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad" pero también hay un punto de relevancia que son las conversaciones que se vienen con un fuerte tono gremial.
Desde la Oficina Presidencial instaron a la participación gremial para la toma de decisiones futuras: "Las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia.
Con el DNU publicado en el boletín oficial, se da paso al puntapié inicial para la "privatización o concesión" -como se dicta en la Ley Bases- de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL).
El contexto deja claro que La Libertad Avanza querrá vender las empresas ferroviarias estatales porque si bien algunas empresas nacionales lograron "zafar", nadie expresó la voluntad de salvar los trenes argentinos.
Dentro de las empresas ferroviarias se viven constantes despidos y hasta resuena la idea de privatizar hasta los terrenos que hasta el día de hoy son estatales. Por otro lado, en la misma aprobación de la Ley de Bases se cedió la idea de que se vuelvan a realizar las obras públicas de infraestructura que comprenderían, por ejemplo la la extensión de la línea Belgrano Sur a Constitución, electrificación y renovación de las vías de la línea Mitre.