Luego de llamar "pobre chico" al gobernador de Chubut Ignacio Torres, y tensar las relaciones entre Nación y las provincias de la Patagonia, el presidente Javier Milei tiró aún más de la cuerda con otro golpe a la economía; esta vez diluyó sin aviso previo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Esa provincia, gobernada por Axel Kicillof -que está en las antípodas políticas del Presidente- ya había denunciado la quita de fondos para la sustentabilidad del Estado. La medida fue publicada en Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024 y ahora, los bonaerenses recibirán 30 mil millones de pesos menos.
El documento, que lleva la firma de Milei, Nicolás Posse, jefe de Gabinete y Luis Caputo, ministro de Economía, quita los recursos coparticipables adicionales que se establecieron en 2020 tras un conflicto de la provincia con la Policía Federal que se había amotinado para reclamar reformas salariales.
La decisión había sido tomada por el ex presidente Alberto Fernández para poder pagar aquellos aumentos salariales. Sin embargo, todo eso es parte de la historia con la publicación del decreto libertario que justifica la quita con la excusa de que esos "recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas" derogando así el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020.
En el mismo decreto, el texto reza: "Ningún Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas".
Otra de las justificaciones que expusieron es un claro "ajuste fiscal": "Entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit".
Y, para terminar, Milei hace una aclaración que se publicó en el Boletín Oficial: "En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país".
Los pedidos de Kicillof que Milei ignora
En 2020, el conflicto con la policía no pasó a mayores por la decisión de Fernández de transferir aquellos fondos que estuvieron en discusión tensando relaciones entre el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gestión de Kicillof.
Aunque todavía no hay respuesta por parte del Gobernador bonaerense a la nueva medida de ajuste del Presidente, fue el mismo Kicillof quien llamó a la reflexión al ministro de Economía Caputo por el retraso de envío de fondos de más de 15.000 millones de pesos desde que la administración libertaria rige en la política argentina.
Pero también reclamó que los fondos de coparticipación deben ser discutidos nuevamente. Axel dijo: "La provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos".
Incluso, Kicillof también habló con el gobierno nacional a través de Pablo López, su ministro de Economía para pedir el: "Inmediato pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre del año 2023 y enero de 2024". Tampoco se olvidaron de los salarios de los docentes: "Así como exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, en materia de transporte", dijo en esa oportunidad.
Kicillof y su gobierno alegaron una razón importantísima: "La regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial".
¿El FISU? ¡Afuera!
Otro punto de tensión que traerá cola, será el ordenamiento del Impuesto PAÍS de donde se trasladaban fondos para la urbanización de barrios populares a lo largo y a lo ancho del país.
Este es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU),un fondo fiduciario que nació durante la gestión macrista por una propuesta de Juan Grabois que gustó al arco macrista que gobernaba en aquellos años, que quedó en manos de la ahora ex-secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño (primera villera secretaria del Estado Nacional argentino y presidenta del FISU).
💣 Bombita. Miño sigue viviendo en la villa que la vio nacer y crecer. Sigue militando política y socialmente en su barrio La Cava.
El FISU nació entonces para la tarea de urbanización de barrios con menos recursos a los que se destinaba fondos para hacer baños, piezas y en algunos casos hasta se dio vivienda digna a barrios completos. Antes de Milei, este fondo recibía un 30% del tributo del Impuesto PAIS. Pero, desde ahora solo recibirá un 1% de lo recaudado en el tributo impuesto por el ex presidente Fernández.
Hubo mucha información cruzada en medios pertenecientes al Grupo Clarín que publicaron extensas notas sobre este fondo y aclaraban que el dirigente social Grabois manejaba una "caja negra" a través de esos fondos. Algo que llama mucho la atención, porque Grabois nunca fue funcionario político en ejercicio en el Estado.
Fue Sebastián Pareja, actual Secretario de Integración Socio Urbana quien desmintió que hubiera irregularidades en el manejo de los polémicos fondos: "En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si no fue la única secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", dijo contundente. Además, agregó: "Lo que estoy viendo hoy son más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto de más del 80% ejecutado".
En respuesta a estos dichos, Grabois expresó que lo que el gobierno está escondiendo en realidad es que quieren "sacarle presupuesto a los barrios populares" y que quedó "pegado" en "una operación de desprestigio" en su contra.
El texto con el que desfinancian el FISU es el siguiente: "La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera: a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %). b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %). c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)".