El Gobierno empezó a dar algunas precisiones sobre la nueva formula de ajuste de las jubilaciones, la denominad movilidad, que tiene pensado presentar en el Congreso a un año de la suspensión de la anterior, sancionada durante la administración de Mauricio Macri.
La nueva fórmula que busca aprobar el Gobierno es similar a la que rigió entre 2008 y 2017. Entre los conceptos clave se destaca que habrá dos aumentos al año; que se calcularán sobre la base del índice de los salarios formales (Ripte) y la recaudación de la ANSES entre tres y nueve meses anterior al aumento.
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El aumento que podría percibir un jubilado en marzo será calculado con las variaciones que sucedieron entre julio y diciembre, aunque con una salvedad: para la suba de septiembre se optará por el menor de los dos cálculos que presentaron ayer los funcionarios nacionales.
Otro tope que tendrá la fórmula es que los aumentos no podrán superar el crecimiento total de la recaudación de la ANSES, algo que también estuvo vigente en la ley que se modificó en 2017. Ese punto, junto con la decisión de que no este atada a la inflación, provocó que algunos especialistas advirtieran sobre la posibilidad de que la nueva fórmula jubilatoria genere una pérdida del poder adquisitivo.
El abogado experto en derecho previsional Christian D'Alessandro aseguró que "la nueva ley de movilidad, al ser similar a la sancionada en 2008, permitirá a los jubilados que ganen en épocas de bonanzas pero, si la inflación se dispara, pierdan por goleada", y sostuvo que se debería incorporar una "cláusula gatillo" para que los jubilados no pierdan en caso de una suba del Índice de Precios al Consumidor.
La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional de la que participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
También estuvieren presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos, el diputado nacional Máximo Kirchner, y su par del Senado, José Mayans; el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto; su colega del Senado, Daniel Lovera y el presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller.
"Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno), han sido validados por los y las especialistas, nacionales e internacionales", agregó un comunicado de los participantes.
La presentación de la nueva fórmula coincide además con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el pedido que realizó el Ministerio de Economía de negociar un Extended Fund Facility (EFF) que significa solicitarle al Fondo postergar todo pago por, aproximadamente, cuatro año y medio. Históricamente el FMI solicitó una serie de reformas estructurales. En los 90, por ejemplo, una de las condiciones fue impulsar las privatizaciones y la reducción del déficit fiscal.
De todos modos, cerca de Guzmán aclaran que ese punto no estará en la discusión y son optimistas en que no habrá que hacer mayores reformas, porque consideran que la garantía de crecimiento de la economía argentina tendría que servir para generar confianza.
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Pero otro lado, en las últimas semanas crecieron con fuerza los trascendidos de que a pedido del FMI el déficit fiscal proyectado para 2021 pasaría de 4,5 puntos del PBI como presentó el Gobierno en el Congreso a un número más cercano a tres puntos. No por nada en Economía ayer explicaban que uno de los motivos para volver a la fórmula anterior era evitar que el déficit previsional siguiera aumentando.