por Agustin Gulman
25 Febrero de 2020 16:46
En medio de fuertes críticas, el Congreso comenzará a tratar este miércoles el proyecto de ley para reformar las jubilaciones de privilegio que cobran jueces y miembros del cuerpo diplomático. Varios magistrados ya anticiparon que renunciarán antes de que se apruebe la reforma y el sindicato de los judiciales convocó a un paro y marcha para el jueves frente al Palacio de Tribunales. Un sector de la oposición acompañaría el proyecto del gobierno, y un diputado radical propuso una modificación aún más rotunda.
Con un cronograma ajustado, el objetivo del Gobierno es aprobar la reforma esta semana en la Cámara baja. Para eso, este miércoles al mediodía se constituirá la comisión de Previsión Social, que tendrá como presidente al entrerriano Marcelo Casaretto. A las 14 comenzará el debate en el plenario con la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asistirá a explicar el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández. También irán el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, y el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. El oficialismo también le cursó invitaciones a organizaciones que manifestaron un fuerte rechazo a la reforma, como la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y el gremialista Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quien manifestó duras críticas a la iniciativa.
En concreto, el proyecto establece un incremento de la edad jubilatoria de forma progresiva: hoy se puede tramitar a partir de los 60 años y el proyecto que manda la Casa Rosada prevé que sea a partir de los 65. La jubilación será equivalente al 82 % del salario promedio de los últimos diez años actualizado. En el caso de los diplomáticos, se reduce del 85 % móvil al 82 % y para los trabajadores activos se incrementan siete puntos los aportes.
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En el gobierno creen que ante la opinión pública salen ganando en la pelea con los jueces y fiscales. “Quedan como que no quieren ceder cuando cobran jubilaciones muy lejanas a lo que gana alguien que recibe la mínima”, analizaba un diputado del Frente de Todos ante BigBang. En la Casa Rosada hablan de resolver una cuestión de “inequidad”, y detallan que hay magistrados que perciben por encima de los $700 mil de jubilación, cuando la mínima apenas supera los $14.000. “Hay un ahorro de dinero, pero también es una cuestión simbólica”, afirmaban.
Mientras tanto, la resistencia ya comenzó a hacerse notar, con la renuncia de jueces que ya habían tramitado la jubilación pero que aún no habían efectivizado. Hasta ahora hubo cerca de 20 casos, pero este martes el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, anticipó en declaraciones a radio El Destape que podría haber entre 100 y 150 renuncias más.
“En Tribunales - decía a este medio un fiscal con años de trayectoria - es casi unánime aferrarse a la cuestión legal por los salarios de los jueces y no a una cuestión moral”.
Además, el sindicato de judiciales que comanda Piumato convocó a una medida de fuerza para este jueves, bajo el lema “en defensa de una jubilación igualitaria”. Habrá un cese de actividades de los empleados del Poder Judicial a partir de las 10 de la mañana y una movilización al Palacio de Justicia, en Talcahuano al 500.
De hecho, el gremio de los empleados judiciales respaldó el proyecto presentado por el diputado mendocino José Luis Ramón, que entre otros aspectos prevé que aporte toda la masa de trabajadores judiciales (alrededor de 30 mil) y no sólo seis mil, como ocurre ahora. “Nuestro proyecto es mejor y más equitativo, abarca a todos los agentes del Poder Judicial”, le dijo el sindicalista a BigBang.
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“El problema es que se debe subir la jubilación mínima, no bajar la de los jueces. Con esa lógica, un salario normal es de privilegio en comparación con lo que gana alguien que está en negro”, se defendió Piumato.LA IZQUIERDA Y UN RADICAL, A FONDO
Por tratarse de sesiones extraordinarias, el Congreso deberá tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que de todos modos puede incorporar modificaciones. Sin embargo, la oposición también presentó algunos proyectos con el objetivo de modificar las jubilaciones que integran el régimen especial, conocidas como de “privilegio”.Uno de los proyectos, del radical Alejandro Cacace, prevé directamente la derogación de las jubilaciones de privilegio. El texto, según supo este medio, fue respaldado por 11 legisladores de la UCR.
Por otra parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores que conduce Nicolás Del Caño presentó una iniciativa aún más amplia, que prevé la eliminación de todas las jubilaciones de privilegio, incluidas la de ex presidentes, ex vicepresidentes, pero también de arzobispos y obispos, que, según el diputado, por un decreto de Jorge Rafael Videla cobran entre 100 mil y 120 mil pesos por mes.
