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Política
Caputo ya se frota las manos

Jueces con toga, represión y toma de deuda indiscriminada: la polémica "Ley Ómnibus"

La Libertad Avanza presentó la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

28 Diciembre de 2023 10:34

No hay argentino que no esté hablando sobre la "ley ómnibus" que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso horas antes de que termine el 27 de diciembre para coronar un 2023 cargado de polémica por cómo está moviendo las fichas La Libertad Avanza, que ahora no solo propone privatizar la educación sino también tomar deuda externa indiscriminadamente. Con bombos y platillos se presentó la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" mediante un video donde se mostraba cómo Martín Menen recibía 351 páginas amarradas con una cinta con los colores de la bandera argentina que serán debatidos en los próximos meses.

El proyecto de ley ómnibus que envió Milei al Congreso

Mucho hay para leer y estudiar, es que lo que se presentó hace menos de 24 horas se considera un complemento del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había anunciado semanas atrás Milei. Con estos dos textos se proponen reformas administrativas, en materia de salud, educación, en materia fiscal y económica, de seguridad y defensa, modificaciones en cuanto a tarifas, medidas sanitarias y hasta energéticas. Argentina deberá proteger con uñas y dientes la soberanía, para ello deberá combatir la "ley ómnibus" que algunos dirigentes sociales como Juan Grabois ya calificaron como una "Reforma Constitucional de facto". 

BigBang recopila los puntos más dañinos para el país: la nueva justicia, las regulaciones en educación, la instauración de un protocolo de seguridad estricto que criminaliza la protesta y el más nocivo, que Argentina pueda contraer deuda externa sin pasar por el Congreso. 

Justicia a lo yankee: jueces con toga y martillo

"Estamos todos jugados", dice la canción. Todos... hasta los jueces. Con la Ley Ómnibus que propone Milei la decisión política más importante es trasladar la justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires: "Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años".

Además, se impone que la Inspección General de Justicia (IGJ) "estará a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley". Esta figura "será designado por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna propuesta: uno por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires".

Justicia estadounidense

Sin embargo, llama la atención el deseo del presidente que la Justicia tenga tintes estadounidenses, o más bien ingleses-"thatcheristas", en donde se impone que el juez: "Vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia". Otro punto que llama la atención es la reforma del Código Civil y Comercial donde se dispone que los divorcios se celebren solo con la "voluntad" de los cónyuges. Esto, según la ley, "tendrá los mismos efectos que el divorcio". 

Educación: las provincias se autorregulan y los extranjeros quedan afuera

El artículo 553 el artículo 2 bis de la ley 24.521 de Educación Superior dicta: "Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". 

La primera modificación tiene que ver con la privatización de educación: "Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales, en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero".

Las universidades serán solo para argentinos residentes

Con las implementaciones políticas de Milei, la gratuidad de la educación se acaba: "Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos". En criollo, los extranjeros que no tengan ciudadanía argentina no podrán estudiar gratuitamente. 

El financiamiento del Estado en materia de educación estará calculado milimétricamente: "El aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan".

Y el último punto, pero no menos importante, que quedó plasmado en el artículo 552, refiere al manejo educativo de las provincias: "A cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente". La ley que quiere promulgar el gobierno de Milei establece que los docentes deberán rendir exámenes cada cinco años "para poder desempeñarse como docente en el país". Además de: "Evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos".

Criminalización de la protesta: tres o más personas podrán ser reprimidas

A través del artículo 331 del proyecto de ley presentado por el presidente de ultraderecha, queda definido el sentido de una "manifestación". El texto las describe como: "congregación intencional y temporal de tres o más personas en el espacio público". El gobierno libertario quiere que la lucha en las calles se termine y por eso quienes se manifiesten: "Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".  

¿Cacerolazos argentinos? ¡Afuera!

"El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses".

Además: "Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta", explican y añaden que si alguien porta un arma y causa daño a una persona, el castigo podría se de dos a cuatro años de prisión.  

Las fuerzas represivas se harán presentes en las calles

La ley propone que para manifestarse, las personas deberán presentar una nota al ministerio de Seguridad al menos 48 horas antes de la protesta. Por su parte, el ministerio tendrá la facultad de oponerse a la manifestación "fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional" y también podrá modificar "tanto de horario, ubicación o fecha de realización". 

¿Soberanía nacional? ¡Afuera!: toma indiscriminada de deuda

La ley de Milei propone derogar la ley N° 27.612 promulgada en noviembre de 2021 llamada Ley Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La derogación de la misma permitirá tomar deuda externa con cualquier país sin tener que pasar por el Congreso anulando la posibilidad del debate de las dos cámaras del Parlamento. 

En el momento de su creación, Martín Guzmán, el ministro de Economía de ese período la había celebrado: "Esta Ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar las crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado". Ahora, todo esto parece cosa del pasado.

Mauricio Macri y Christine Lagarde

La respuesta del mismísimo funcionario no se hizo esperar. Publicó a través de sus redes sociales oficiales un mensaje muy crudo: "¿No era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megacanje de (Federico) Sturzenegger en el año 2001?"