Juicio a la Corte: Larreta acusó al Gobierno de “despreciar la democracia”

Se trata de un día clave para la política argentina. Este jueves, el Frente de Todos (FdT) buscará en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a su cuenta de Twitter para colgar un contundente comunicado con el que acusó al Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández de querer "anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional”.

En el escrito que compartió, al que titulo como "El desprecio del Gobierno Nacional por la democracia", el dirigente porteño señaló: "El intento del gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias".

Al igual que Mauricio Macri, Larreta comparó la situación con el fútbol y destacó: "Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos. Además, es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra".

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño destacó que en su escrito que el Gobierno de Fernández debe "cumplir" con las leyes, aunque no le guste. "Pero lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados", agregó.

Y continuó: "Este juicio político promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía. ¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?"

Al final de su descargo, Rodríguez Larreta advirtió que los vecinos de todo el país quieren que "baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo", y que su "prioridad" no es cambiar a los jueces de la Corte. "Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día", avisó.

La Corte Suprema de Justicia inicia este jueves el año judicial con la primera reunión de acuerdo, en un contexto determinado por el pedido de juicio político que sostiene el oficialismo en el Congreso contra los cuatro miembros del máximo tribunal. La reunión será presencial, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, y todavía bajo las repercusiones de la filtración de las conversaciones virtuales entre el colaborador del presidente del tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. En ese intercambio, filtrado a fines del año pasado, el principal colaborador de Horacio Rosatti y el ministro de Juntos por el Cambio, coordinaban y comentaban la comunicación del conflicto por la designación del senador oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, lugar que reclama el senador opositor Luis Juez. "En 5 te paso letra para que vos lo muevas", escribió Robles.

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En ese momento, adjuntó un largo texto para el dirigente de Juntos por el Cambio con las presuntas razones por las cuales el oficialismo no podía elegir a Doñate como su representante. Este escándalo entre la oficina de Rosatti y el ministerio porteño se transformó en una disputa político-judicial que se tratará en la reunión de acuerdo de este jueves.

La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos reuniones previas que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.

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Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos. Tras conversaciones internas en los dos espacios principales de la Cámara sobre la forma en que se instrumentará el aval o el rechazo a la admisibilidad, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y del FdT mantuvieron en las últimas horas conversaciones informales para intentar ordenar la reunión de mañana, que, a priori, se presenta como intensa.

La admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del FdT expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de JxC rechazándola.  En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT. El trigésimo primer integrante de la comisión, Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal, anticipó algunos fundamentos que lo llevan a ratificar su posición en contra del proceso.

En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses. En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).

Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable. De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

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Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.  Otra de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.