El Frente de Todos oficializó la convocatoria en la Cámara de Diputados y empezará el proceso de Juicio Político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por “mal desempeño de sus funciones”, "por invadir competencias que son inherentes al Poder Legislativo, como por ejemplo en la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura", "en la distribución federal de recursos coparticipables", entre otros.
La apuesta es que el próximo jueves 26 de enero a las 11 de la mañana se de el puntapié inicial en la Cámara Baja a través de la Comisión de Juicio Político que conduce la entrerriana Carolina Gaillard.
Este encuentro será protocolar y se convoca a los firmantes del proyecto para así avanzar en las exposiciones. Continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 12 casos ya presentados y, luego, el 9 de febrero se definirán las causales de acusación contra los cuatro magistrados del máximo tribunal, que amparados en la Ley no concurrirían a la Cámara de Diputados.
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Algunos de los cambios que se difundieron en las últimas horas son que el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, cambió a la diputada, Vanesa Massetani de la Comisión por Ricardo Herrera, que está alineado con lo que plantea el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien incentiva la movida.
El oficialismo cuenta con el aval del Presidente de la Nación y la Vice Presidenta, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la oposición dijo que estará presente pero no apoyará la decisión del Frente de Todos. Esto genera un álgido debate. Por consiguiente, ninguno puede faltar ya que ésta cuestión puede dejar sin chance de avanzar el Juicio a pesar de ser 16 oficilialistas de 31 en total.
El principal argumento de la oposición para defender a los jueces de la Corte Suprema es que, una de las pruebas que corresponden a los chats que se descubrieron entre Silvio Robles, secretario del juez de la Corte Suprema de Horacio Rosatti y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, fueron "obtenidos de forma ilegal" y que, por tanto, "no pueden ser considerados como una prueba legítima para juzgar conductas".
En la misma sintonía, un grupo de 500 empresarios y profesionales de diferentes rubros pidió al Congreso que no se trate este juicio porque lo consideraron como "un desatino institucional". "Apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo", dice el escrito que presentaron.
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Cabe recordar que la causa se inició con una denuncia que presentó el abogado Gastón Marano contra Robles y D'Alessandro, quién ahora está con pedido de licencia luego de los chats filtrados por la causa Lago Escondido. Estos dos, ahora sobreseídos de la denuncia, habían mantenido comunicaciones que presuntamente tuvieron en torno al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y que se filtraron a la prensa.
El Frente de Todos en cientos de páginas que presentó para juzgar a los jueces supremos dictaminó que están claras “las relaciones espurias de la Corte Suprema con el poder político”.