La divulgación de los chats que vinculan a Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, han generado un escándalo sin precedentes. Cuando el jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta le dio la oportunidad de defensa a su funcionario, este solo atinó a negar todo y solo dijo que los chats eran “falsos”. Mientras tanto quedó en claro que la Corte Suprema, de la mano de su presidente, y Juntos por el Cambio se encargó de generar un fallo a gusto y piacere de la oposición sobre la Coparticipación, entre muchas otras decisiones.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández decidió ir a fondo contra la Corte Suprema: para eso pedirá el juicio político contra Rosatti y una investigación exhaustiva sobre Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, el resto de los miembros del Máximo Tribunal. Hace tres años, esta decisión hubiese sido imposible. Más que nada porque fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien eligió a Alberto para que sea su compañero de fórmula por su capacidad de “tender puentes” con la Justicia. Pero eso se terminó.
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“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, afirmó el máximo mandatario en un comunicado oficial. Y en una entrevista con C5N desde Brasil, ya que viajó a la asunción de Lula, dijo: “El juicio político es un decisión que tomé yo”.
Entonces, declaró: “Tengo mucha preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”. Y dijo sobre la decisión de la Corte a favor de Horacio Rodríguez Larreta: “Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión de la justicia en los otros poderes”.
En ese sentido, continuó: “Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho. Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó el Presidente sobre el pedido de juicio político, del que buscará tener el respaldo de varios gobernadores.
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De esa forma, a comienzos de un año electoral, el Gobierno Nacional abre un nuevo frente de batalla. Aunque parece que el enemigo es el mismo que ya tenía desde el principio: Juntos por el Cambio. Y es que para poder llevar adelante el juicio político, el primer terreno bélico es la Cámara de Diputados, un lugar que no favorece jamás al oficialismo.
Para que el pedido de juicio contra Rosatti pueda prosperar primero deberá ser analizado por la Comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos, Carolinia Gaillard. Si ahí se logra dictamen, pasaría al recinto de la Cámara de Diputados. Ahí llega lo difícil: para que el juicio político avance lo deben votar dos tercios de los diputados.
¿El oficialismo está en condiciones de lograr tantos votos? No hay manera. El Frente de Todos tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio cuenta con 111, si se cuentan sus aliados de siempre. En ese punto, la oposición a coro salió a decir que se negaría a votar el juicio político. El primero fue Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, que aseguró: “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”.
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Le siguió un comunicado de Juntos por el Cambio, que firmaron el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Peronismo Repúblicano: “Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad. Este pedido de juicio político es una trasnochada pretensión del presidente que se enmarca en un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado. Así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán”.
Frente a ese escenario, el oficialismo ya sabe que en el recinto, el pedido de juicio político contra Rosatti ya está perdido. Pero la estrategia es otra. Desde la Casa Rosada, una alta fuente del Gobierno le confirmó a BigBang en estricto off the record: “Si no se alcanza la mayoría, los diputados y sus partidos demostrarán que son socios políticos del presidente de estar Corte Suprema que se dedica a entrometerse en el Poder Ejecutivo”.
Y agregó: “Cada uno de los partidos que no respeten las instituciones deberán hacerse cargo de sus decisiones y del costo político que pagarán ante la sociedad”. En ese sentido, el Presidente de la Nación ya se encargó de aclarar que no consultó con nadie la decisión de avanzar hacia un juicio político contra Rosatti. Aunque ya organizó una reunión con gobernadores para armar el documento y también se investigue al resto de los miembros de la Corte Suprema.
En tanto, desde la Ciudad de Buenos Aires, el escándalo de los chats de corrupción PRO ya se carga a su primer culpable y es Marcelo D´Alessandro, secretario de Seguridad del gobierno porteño y uno de los protagonistas de los chats. Por estas horas, Rodríguez Larreta analiza un nuevo perfil para ocupar el cargo en Seguridad y luego desplazaría a uno de sus funcionarios históricos. “No va a renunciar”, dijo una fuente del PRO consultada por BigBang. Pero la interna en la Ciudad arde y el círculo de funcionarios de confianza de Larreta ya pidió su cabeza. El 2023 comenzó con todo.