La Argentina recibió una mala noticia por parte de la administración de Donald Trump; el Gobierno de los Estados Unidos sostuvo de forma oficial que la Corte Suprema de ese país no tiene que hacer lugar al pedido de la administración de Ejecutivo argentino e YPF de tomar el caso contra el fondo buitre Burford.
En una misiva oficial la administración de Trump le recomendó al máximo tribunal de ese país que no tome el caso. Ahora los ministros tendrán que decidir si aceptan o no que se inicie el juicio en el cual Burford busca un resarcimiento económico por la estatización de YPF.
La decisión no sorprendió a la Casa Rosada ni a sus emisarios, el procurador del Tesoro, Bernardo Frías Saravia se encuentra en Washington, debido a que consideraban que por los tiempos era lógico que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos fuera por ese lado. “El año judicial se cierra en junio y la Corte tenía que expedirse antes. Sabíamos que podía llegar una mala opinión, que no es vinculante”, agregó una alta fuente oficial.
Con este panorama lo que se inició como una estrategia colateral en los tribunales comerciales de Madrid pasó a ser el plan A. ¿En qué consta? El Estado argentino presentó una demanda en ese país bajo el alegato de que la compra del juicio de Burford a la familia Eskenazi nunca sucedió y lo que se esconde detrás de eso es una falsa operación. Cuando el grupo Petersen quebró, Burford se interesó en el litigio que mantenía en los Estados Unidos contra YPF y el Estado Argentino por más de U$S 6.000 millones.
El problema es que, en la Justicia de los Estados Unidos, los juicios iniciados no pueden cambiar de manos por así decirlo. Para poder continuar con el litigio Burford Park, según consta en el expediente judicial, manifestó que tienen un “contrato de financiación”, es decir que lo que hace es inyectar dinero para cuando se cobre el juicio, si se gana, tenga ganancias.
“Lo más probable es que entre hoy y mañana la Corte ponga fecha para decidir si acepta o no el caso. Luego, de no aceptarlo, al día siguiente Argentina presentará un escrito diciendo que hay una acción judicial en España y Petersen seguramente responderá de que “Argentina otra vez posterga lo inevitable” y que no se tome en cuenta lo que se tramite en otro juzgado”, resumió el CEO de Fin.Guru y especialista en deuda y política norteamericana, Sebastián Maril.
En aproximadamente un año o año y medio, la Justicia Civil de Madrid tendrá que decidir si se trató de una simulación o de una compra durante la quiebra de Petersen. Si llega a confirmarse que se trató de una compra, automáticamente se caerá la acción judicial en los Estados Unidos debido a que no existiría más la figura de Petersen. Eso se conoce como legitimación activa.
¿Cómo se llegó a esa conclusión? Desde el cambio de Gobierno siempre estuvo la duda sobre el estado accionario de Petersen en Madrid y cómo fue la operación en la cual Burford se quedó con la capacidad de litigio. Es por eso que se comenzó a poner el ojo ahí.
La paradoja es que si prospera esta situación se caería el juicio en los Estados Unidos, que es en donde Cambiemos apuntaba a que se pueda saber un poco más sobre cómo fue la operatoria mediante la cual la familia Eskenazi se quedó con el 25% de las acciones de YPF; históricamente existió la duda de que además de la familia empresaria habría habido beneficiarios de la política en esa operación.
Esto se denomina como “Discovery Process” y es básicamente que se investigue, para poner blanco sobre negro, todos los procesos de privatización y estatización de la compañía, lo que podría llegar a resultar una verdadera caja de Pandora.
Un poco de historia
Corría el año 2008 y en los planes del ex presidente Néstor Kirchner se encontraba tener un socio argentino dentro de YPF para poder sumar mayor injerencia en las políticas de precios de la petrolera. Cabe recordar que en ese entonces ya existía un enfrentamiento con la petrolera Shell a la que incluso Kirchner llamó a no comprar combustibles en las estaciones de la empresa holandesa.Pero el problema era que ninguna de las familias empresarias argentinas tenía el capital suficiente para comprar el 25% de las acciones de YPF. Entonces Kirchner decidió recurrir a una estrategia poco convencional: acordó que la compra de ese paquete accionario por parte del grupo Petersen se pagara con los dividendos de la empresa.
Es decir que Kirchner le permitió a la familia Eskenazi comprar el 25% de la empresa más grande del país con la financiación de la misma empresa, sin tener que poner la totalidad del dinero para concretar la operación. Para que el principal accionista de YPF, la española Repsol, aceptara ese esquema el Gobierno le permitió girar al exterior hasta el 90% de las utilidades anuales de la petrolera.
Ese escenario conllevó a que la cantidad de dólares destinados a la inversión estructural de YPF, de acuerdo a los balances de la propia compañía, cayó a márgenes mínimos históricos con lo que se acrecentó la espiral de importación de combustibles que ya venía mostrando sus primeras señales.
Luego llegó la estatización de la compañía en 2012 ya con Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato como presidenta. El problema es que ese litigio tuvo un componente que no respetó: la ley de privatización de la compañía de 1993.
Allí se dejó claro que si en algún punto el Estado Nacional quería recuperar parte del paquete accionario de YPF debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tenía que ser por el 100% del paquete y no por una parte. Es decir que la estatización, que llevó adelante el propio Kicillof personalmente, debería haber incluido una oferta para todos los accionistas y no solamente el 51% que tenía Repsol.
En concreto, los Eskenazi también deberían haber recibido una oferta por su 25%. A esa situación se le sumó que con la estatización Petersen Energía ya no tenía bandera verde para seguir pagando la adquisición con los dividendos de la compañía pero tampoco tenía las intenciones de realizarle un juicio a YPF, es decir al Estado, por haber cortado esa cadena de favores debido a que todavía se encontraba al mando del Ejecutivo la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces la estrategia fue esperar hasta que en España se decrete que Petersen Energía no pudo hacer frente a sus pagos y se la declare en concurso, cuestión que sucedió en 2015.