El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por el pago de las sumas que no se abonaron durante el último trimestre y su respectiva actualización conforme a la inflación, además de solicitar una nueva nueva ley de Coparticipación, al sostener que el territorio bonaerense es discriminado y castigado desde hace décadas en el reparto de recursos.
Así lo hizo a través de una carta emitida por el par de la cartera económica bonaerense, Pablo López, quien remarcó que la falta de pago de las sumas adeudadas por 15 mil millones de pesos afectan directamente a la salud, a la educación y a la seguridad en toda la provincia.
En este mismo sentido, el gobernador insistió también en depositar la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal de 2017, que incluye "la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada" y "la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada dado que el año terminó con una inflación de 211 por ciento".
"Se reclama el pago de las sumas no abonadas y su correspondiente actualización, de lo pactado en el Convenio complementario a las compensaciones del Consenso Fiscal 2017, firmado el 19 de julio de 2023 (se trata de un convenio anual que se firma y se ejecuta regularmente desde octubre de 2019)"; y se advirtió que "estas dilaciones y licuaciones atentan contra el espíritu del Consenso Fiscal 2017 y los compromisos que el Gobierno nacional asumió, que de esta manera está incumpliendo", indica el escrito que se encuentra con la firma del mandatario bonaerense.
Además, el comunicado exigió "el inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires", al resaltar que "la regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial".
Según informó Kicillof, el envío de los recursos resulta de forma obligatoria para la ejecución del Estado nacional y remarcó: "los mismos tienen destinos habituales y específicos orientados a financiar diferentes partidas presupuestarias de nuestra provincia, algunas vinculadas a la educación, salud, seguridad de las y los bonaerenses".
"No se trata de los únicos incumplimientos y retrasos que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra Provincia, y seguiremos avanzando en el reclamo de cada uno de ellos, así como exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, en materia de transporte", indicó el comunicado.
En este mismo contexto, el Gobierno bonarense entiende que la provincia es altamente discriminada por Nación desde hace décadas en el reparto de los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones de forma suficiente y adecuada. "Más allá de la urgente necesidad de rediscutir una nueva Ley de Coparticipación, el cumplimiento en tiempo y forma del envío de los recursos no automáticos que el Estado nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires resulta crítico para poder garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que la Constitución Nacional les reconoce a las y los bonaerenses", añadió el escrito.
Esta acción había sido adelantada por Kicillof en un acto en la ciudad de Pehuen Có, donde expresó que "la provincia de Buenos Aires comenzará a reclamar por vía administrativa todos los recursos que corta el Gobierno nacional. Seguiremos todas las instancias necesarias porque no son políticas arbitrarias, sino el resultado de leyes y acuerdos que tienen un andamiaje jurídico".
"Decían que si no se aprobaba la Ley Ómnibus iban a buscar fundir a los gobernadores. Después del error que cometieron y volvió el tratamiento a foja cero, cortaron las partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias", sostuvo al remarcar que se trata de un castigo hacia toda la sociedad en su conjunto y no solamente a los mandatarios provinciales.