La decisión del presidente Alberto Fernández de llevar adelante una reforma en los tribunales de Comodoro Py, que son los encargados de investigar las causas judiciales contra la Casa Rosada, ya comenzó a generar fuertes ruidos dentro de la Justicia y en especial con los jueces. Sobre todo luego de que la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, remarcó en la cena de la Asociación de Magistrados que el Gobierno tiene pensado en avanzar hacia una reforma integral.
En el esquema que maneja Fernández se barajan ciertas claves. La primera es licuar el poder que tienen los magistrados de Comodoro Py al fusionarlo con los juzgados del fuero Penal Económico. Luego, procurar avanzar con el código acusatorio en la Ciudad, en donde los fiscales son los que conducen la investigación (no los jueces); esto ya se encuentra en plena aplicación para la Ciudad será el último distrito en donde se ponga en funcionamiento.
La forma actual apunta a hacerlo en “modo prensa¨ confluyendo al mismo tiempo del norte y el sur hacia el centro. El tercer punto tiene el objetivo electoral de larga data de Fernández: le jefatura de Gobierno de la Ciudad. En la lógica de los equipos judiciales del Presidente, conformado por todos dirigentes porteños, saben que cualquier señal de aumentar la autonomía de la Capital es bien vista por sus habitantes.
El juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Vialidad Nacional es un claro ejemplo de los tiempos que se vendrán adelante en Comodoro Py. Luego del discurso político que entonó los tres jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 comenzaron a tener charlas en otro tono entre ellos. Después de los cruces que hubo a principio de año con la decisión de no suspender el juicio se avanzó hacia una unidad.
“Charlamos de lo que viene y llegamos a la conclusión de que 2020 nos va a encontrar muy sólidos por lo que se viene”, le dijo a este medio uno de los integrantes del TOF. Un dato no menor es que en esa misma causa Fernández está dentro de la nómina de testigos que presentó Fernández de Kirchner por lo que de llegar a declarar lo haría cerca de junio.
De las disputas a la unidad ante lo que puede llegar a venir también aplica a lo que sucede en la Asociación de Magistrados, que se vio interpelada con el mismo episodio. Luego de la declaración de Fernández de Kirchner los jueces entendieron que era una invitación a repetir el mismo escenario que se dio entre 2012 y 2015 cuando el kirchnerismo intentó imponer una reforma estructural de la Justicia con la elección de magistrados por el voto popular.
Una de las interrogantes apunta a determinar qué harán los fiscales del país. Actualmente, luego de un acuerdo electoral, la Asociación de Fiscales ocupa la vicepresidencia de Magistrado con la fiscal Paula Asaro en el cargo. Si bien apoyaron fuertemente el comunicado en rechazo por el discurso de Fernández de Kirchner en el juicio es una incógnita qué harán ante la chance cierta de que se avance con un código acusatorio casi de inmediato en la Ciudad.
En Magistrados mientras tanto preparan lo que será la defensa ante esa postura a la cual se oponen. “¿Qué pasó con la fiscalía especializada en delitos graves de La Plata durante las administración de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal?”, se preguntó uno de los magistrados con más peso dentro de la Asociación.
La mención no es menor. Para los jueces el sistema acusatorio es más permeable a que los respectivos procuradores generales puedan interferir a piaccere debido a que los mecanismos para remover a un fiscal son mucho más simple que en el caso de un magistrado. Y la preocupación es aún mayor al saber que el juez federal Daniel Rafecas es el candidato de Fernández para el cargo que se encuentra vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó. “Con el juez que enseña en la UBA todo lo que después termina haciendo lo opuesto, mucha tranquilidad no hay”, agregó un fiscal de Comodoro Py que conoce desde décadas a Rafecas.