29 Agosto de 2018 11:51
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy que no prescriba una causa por corrupción y que se siga adelante con el proceso en la causa de los negociados entre la empresa norteamericana IBM y la ex Dirección General Impositiva.
En mayo de 2106 el Tribunal Oral Federal 3 había declarado la prescripción de la causa, que se había iniciado en 1998. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Oficina Anticorrupción apelaron la situación y la Sala IV de Casación dio lugar a esos pedidos y sostuvo que los delitos por casos de corrupción no se encuentran atados a la posibilidad de prescribir.
“No es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado”, sostuvieron los magistrados integrantes de la Sala, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos.
En el caso se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de aproximadamente 120 millones de pesos relacionados con la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con la firma IBM Argentina SA en 1994.
Cuando Cossio estaba al frente de la DGI, el organismo contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de jubilaciones y pensiones, pero aunque el contrato era de poco más de 500 millones de dólares, se comprobó que el Estado pagó por él un sobreprecio de 120 millones, según una pericia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Los acusados son Cossio, Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso y están acusados de defraudación contra la administración pública.
