08 Marzo de 2017 20:17
La Cámara Federal porteña advirtió hoy que la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por presunta "omisión maliciosa" sobre el presidente Mauricio Macri, vinculada al caso denominado Panamá Papers.
La Cámara consideró que la causa que debe llevar adelante Casanello quedó "sin norte" merced al "particular método" con el que el magistrado la lleva adelante.
Según consideró el tribunal, el magistrado terminó enrededado en la impotencia y no avanzó en nada en la causa que involucra al Presidente. Según que, en su "esfuerzo por mostrarse equidistante, derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando de esa forma a la actual indefinición", según la resolución a la que accedió Télam.
Casanello cuestionado.
El caso de Panamá Papers no fue el único en el que Casanello recibió un reto de la Cámara Federal.
La Cámara además lo apartó en una vieja causa en la que aparece investigado el cuñado del ex presidente Fernando De la Rúa, el ex militar Basilio Pertiné, por supuestas irregularidades en una licitación para remodelar el hospital mendocino Paroissien.
La causa se inició en el año 2000 por la Oficina Anticorrupción y fue heredada por Casanello hace cuatro años, cuando llegó al juzgado federal número siete, donde durante años prácticamente no registró avances.
El abogado defensor de varios de los imputados, Fernando Díaz Cantón, planteó la "excepción de falta de acción" ante la letanía de la tramitación, y reclamó además "se dicte el sobreseimiento de sus asistidos por inexistencia de delito" o se dé por extinguida la acción penal por la violación al derecho de un imputado a ser juzgado dentro de un "plazo razonable".
En dos oportunidades Casanello rechazó el planteo, argumentando que había indagado a los imputados y les dictó "falta de mérito", para profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.
Entre los imputados figuran, además de Pertiné, Ernesto Auguste, Jorge Rey Esperon y Eusebio Saenz Alonso, vinculados con la operatoria presuntamente ilegal que transformó una obra de unos cuatro millones de dólares en un costo superior a seis millones y con adjudicación a la empresa del hermano de la esposa de De la Rúa.
