31 Agosto de 2018 13:23
La Sala II de la Cámara Federal resolvió hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner debe ser llamada a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello y en la que el principal acusado es el empresario Lázaro Báez, detenido hace más de dos años.
El tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende de Poder Ejecutivo y que actúa como querellante en el sumario. La UIF había reclamado por la decisión del juez de negarse a llamar a indagatoria a la ex presidenta por considerar que no había elementos suficientes.
Se trata del expediente conocido como la ruta del dinero k, en el cual Báez y sus hijos, entre otros, serán juzgado en juicio oral por maniobras de lavado de dinero por unos 60 millones de dólares. El fiscal Guillermo Marijuan había pedido la indagatoria de la ex presidenta, pero el juez consideró que no había pruebas.
En un voto en mayoría firmado por Martín Irurzun y Mariano Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a Cristina Fernández. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.
El juez Irurzun sostuvo que "para expresarlo de manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández. Según los fiscales que acusaron en los enjuiciamientos ello se explica por la relación de “prestanombre” del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre".
Agregó que "hasta donde se sabe, esta misma razón habría determinado que, el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación.Siendo eso así, la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”.
El camarista Llorens sostuvo a su vez que “no se me escapa el contexto en el que se enmarcan los hechos aquí pesquisados, que involucran una gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Lázaro Báez obtuviera fondos del Estado Nacional destinados a obras públicas de imperioso caudal económico en la Provincia de Santa Cruz".
Y añade que esos fondos, que aparecerían "ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) a través de circuitos con apariencia lícita como ser la locación de complejos hoteleros o la expatriación de divisas que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero”.
