Desde el 1° de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron asesinaron a Cristina Fernández de Kirchner, la realidad cambió para siempre. De un día para el otro, las manifestaciones agresivas, las amenazas en medios de comunicación y los discursos de odio dejaron de ser meras manifestaciones de “la libertad de expresión” para dejar en evidencia que había personas listas para matar por cuestiones políticas.
En ese sentido, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, conocida por ser la hija de Alfio Basile, el ex director técnico de la Selección Nacional, quedaron en evidencia por sus marchas con antorchas, discursos de odio y posteos en redes sociales. Para colmo, dos de ellos habían estado en el edificio de la vicepresidenta en los días previos al atentado porque visitaron a Ximena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina.
En el medio de todo eso, la Justicia también comprobó que la supuesta carpintería de Morel, recibió 8 millones de pesos de parte de Caputo Hermanos, del ex funcionario macrista Luis Caputo. Por ese motivo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la investigación y le presentó las pruebas al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Así fue que la Policía de Seguridad Aeroportuario detuvo a los cuatro miembros de Revolución Federal y los trasladó a su alcaidía en el Aeropuerto de Ezeiza. Hoy los cuatro declararon a través de Zoom. Hasta el momento, Basile reconoció que forma parte de la banda pero que no estaban organizados ni recibían dinero.
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Por su lado, la fiscalía que investiga a los detenidos consideró que todos montaron un “esquema delictivo para imponer sus ideas y combatir las ajenas a través de la fuerza y la imposición del temor”. Y agregó: “Eso sembró en la sociedad la escalada de violencia y odio cuyo acto más trascendente fue el intento de homicidio de la vicepresidenta”.
¿Qué pruebas toman para ello? Que Uliarte, una de las que planificó el ataque a Cristina, formaba parte de las marchas de Revolución Federal y solía participar de las agresiones tanto contra funcionarios como contra edificios públicos, como la Casa Rosada, en la marcha de agosto de este año.
"Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación cometido el 1° de septiembre último”, afirmó en su dictamen Pollicita.
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Y continuó: “La actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales. Llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor. Concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal en el período reseñado (al menos desde mayo de 2022) los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas".
Y continuó: "Principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda entre otros, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público. Sosa y Morel (imputados como presuntos organizadores) decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes".
En el dictamen que permitió la detención y la indagatoria de los cuatro miembros, Pollicita afirmó que el objetivo de la banda era “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios". Y agregó: “Utilizaron las redes sociales como herramientas de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población -siendo que por aquella vía y por las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio”. Ahora la investigación apunta a las agrupaciones políticas: el foco está puesto en grupos libertarios, cercanos a Javier Milei y José Luis Espert, y al PRO, a cargo de Patricia Bullrich.