En el exterior hay un frente judicial que preocupa, y mucho, no sólo a la administración de Cambiemos sino también al kirchnerismo, el peronismo federal y hasta el sector más cercano al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Se trata del juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 que condujo el actual diputado nacional Axel Kicillof.

El fondo buitre Burford Capital se puso adelante del juicio contra el Estado y contra YPF por la expropiación que se llevó adelante en 2012. A todo el mercado e incluso a sus accionistas ese fondo buitre le aseguró que compró los derechos del juicio a Petersen Energía, propiedad de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de la compañía.

En el juicio en los Estados Unidos el procurador del Tesoro, Bernardo Frías Saravia, y el director de YPF y parlamentario del Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ya consiguieron que la administración de Donald Trump les mande una señal de apoyo ante la Corte Suprema para comenzar a conseguir adhesiones.

El juicio es una de las preocupaciones financieras más grandes que tiene la Argentina en cuanto a litigios judiciales, debido a que si llega a buen término, además de las compensaciones que se le deberá pagar a Burford, el Estado estará obligado a comprar el resto del paquete accionario de la empresa.

Es por eso que, como plan secundario en el juicio, es que la estrategia judicial mutó en lo que se llama la denuncia de “un acto de simulación” en esa compra del juicio. Cuando grupo Petersen quebró, Burford se interesó en el litigio que mantenía en los Estados Unidos contra YPF y el Estado Argentino por más de U$S 6.000 millones.

El problema es que, en la Justicia de los Estados Unidos, los juicios iniciados no pueden cambiar de manos por así decirlo. Para poder continuar con el litigio Burford Park, según consta en el expediente judicial, manifestó que tienen un “contrato de financiación”, es decir que lo que hace es inyectar dinero para cuando se cobre el juicio, si se gana, tenga ganancias.

Los abogados argentinos consideran que ese contrato es nulo y que lo que esconde es una cesión de crédito por lo que detrás del contrato de financiación se encontraría una simulación de venta del crédito; es decir que para Frías Saravia y Rodríguez Simón Burford simuló esa financiación cuando en realidad lo que hizo fue quedarse con la compra de los derechos de juicios.

El Gobierno espera una mano de Trump en el juicio por YPF, pero la resolución se conocería recién en junio

¿Por qué es importante lo que suceda en España? En aproximadamente un año o año y medio, la Justicia Civil de Madrid tendrá que decidir si se trató de una simulación o de una compra durante la quiebra de Petersen. Si llega a confirmarse que se trató de una compra, automáticamente se caerá la acción judicial en los Estados Unidos debido a que no existiría más la figura de Petersen. Eso se conoce como legitimación activa.

¿Cómo se llegó a esa conclusión? Desde el cambio de Gobierno siempre estuvo la duda sobre el estado accionario de Petersen en Madrid y cómo fue la operación en la cual Burford se quedó con la capacidad de litigio. Es por eso que se comenzó a poner el ojo ahí.

La paradoja es que si prospera esta situación se caería el juicio en los Estados Unidos, que es en donde Cambiemos apuntaba a que se pueda saber un poco más sobre cómo fue la operatoria mediante la cual la familia Eskenazi se quedó con el 25% de las acciones de YPF; históricamente existió la duda de que además de la familia empresaria habría habido beneficiarios de la política en esa operación.

Esto se denomina como “Discovery Process” y es básicamente que se investigue, para poner blanco sobre negro, todos los procesos de privatización y estatización de la compañía, lo que podría llegar a resultar una verdadera caja de Pandora.

Un poco de historia

Corría el año 2008 y en los planes del ex presidente Néstor Kirchner se encontraba tener un socio argentino dentro de YPF para poder sumar mayor injerencia en las políticas de precios de la petrolera. Cabe recordar que en ese entonces ya existía un enfrentamiento con la petrolera Shell a la que incluso Kircher llamó a no comprar combustibles en las estaciones de la empresa holandesa.

Pero el problema era que ninguna de las familas empresarias argentinas tenía el capital suficiente para comprar el 25% de las acciones de YPF. Entonces Kirchner decidió recurrir a una estrategia poco convencional: acordó que la compra de ese paquete accionario por parte del grupo Petersen se pague con los dividendos de la empresa.

Es decir que Kirchner le permitió a la familia Eskenazi comprar el 25% de la empresa más grande del país con la financiación de la misma empresa, sin tener que poner la totalidad del dinero para concretar la operación. Para que el principal accionista de YPF, la española Repsol, acepte ese esquema el Gobierno le permitió girar al exterior hasta el 90% de las utilidades anuales de la petrolera.

Ese escenario conllevó a que la cantidad de dólares destinados a la inversión estructural de YPF, de acuerdo a los balances de la propia compañía, cayó a márgenes mínimos históricos con lo que se acrecentó la espiral de importación de combustibles que ya venía mostrando sus primeras señales.

Luego llegó la estatización de la compañía en 2012 ya con Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato como presidenta. El problema es que ese litigio tuvo un componente que no respeto: la ley de privatización de la compañía de 1993.

Allí se dejó claro que si en algún punto el Estado Nacional quería recuperar parte del paquete accionario de YPF debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tenía que ser por el 100% del paquete y no por una parte. Es decir que la estatización, que llevó adelante el propio Kicillof personalmente, debería haber incluido una oferta para todos los accionistas y no solamente el 51% que tenía Repsol.

En concreto, los Eskenazi también deberían haber recibido una oferta por su 25%. A esa situación se le sumó que con la estatización Petersen Energía ya no tenía bandera verde para seguir pagando la adquisición con los dividendos de la compañía pero tampoco tenía las intenciones de realizarle un juicio a YPF, es decir al Estado, por haber cortado esa cadena de favores debido a que todavía se encontraba al mando del Ejecutivo la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Entonces la estrategia fue esperar hasta que en España se decrete que Petersen Energía no pudo hacer frente a sus pagos y se la declare en concurso, cuestión que sucedió en 2015.