Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmara la condena de 13 años de prisión sobre la dirigente jujeña Milagro Sala, referente del Frente Tupac Amaru, por la causa conocida como "Pibes Villeros", donde estaba acusada por asociación ilícita y defraudación al Estado, el presidente Alberto Fernández criticó el fallo, pero descartó indultarla.
"Yo tengo la convicción de que todo el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible", confesó el mandatario ante Radio con Vos, quien indicó que pasó leyendo el fallo durante toda la noche.
"La solución no pasa por indultar, porque la Constitución me lo prohíbe, porque sólo puedo indultar sentencias dictadas por la jurisdicción federal", explicó Fernández. "Con lo cual, con mucho pesar, tengo que decir que la Constitución me lo prohíbe y yo soy un hombre de derecho y no puedo vulnerarla", precisó.
La decisión de Fernández no quiere decir que vaya a levantarse el acampe que los c"ympañeros de Sala realizan desde hoy en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada desde donde gobierna el mandatario.
"La Corte básicamente dice que es un fallo de un tribunal provincial que no es su competencia analizarlo porque no tiene ningún agravio federal", detalló el ex jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner.
Al mismo tiempo, se encargó de delinear cuáles serían, a su criterio, las soluciones posibles ante el fallo sobre la dirigente social.
"Creo que deberíamos plantear el tema en los organismos internacionales, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención por las condiciones de encarcelamiento que vivía y ordenó su detención domiciliaria", recordó el presidente.
Al mismo tiempo, aprovechó para tirarle la pelota al mandatario jujeño, Gerardo Morales, de quien indicó que es la persona indicada para solucionar el problema.
Condena firme: la Corte Suprema le otorgó 13 años de cárcel a Milagro Sala
"También podría el gobernador de Jujuy, si no quiere indultar conmutar la pena, porque Milagro Sala vivió casi siete años de prisión preventiva, sin condena firme. Y eso es algo muy abusivo en el derecho argentino", recordó.
Las pruebas que la Justicia utilizó para juzgar a Sala se basan en delitos que cometieron otras personas, pero que fueron suficientes como para que determinen que todo el entramado correspondía a una organización ilegal que seguía órdenes directas de la referente social.
Allí entran una defraudación de fondos entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación sobre los pagos de 14 convenios entre los organismos y distintas cooperativas de trabajo. Por otro lado, también incorporaron una ilegalidad similar con la Municipalidad de Palpalá.
Según el fallo que la condenó a nivel provincial, y que luego la Corte Suprema refrendó, tanto la acusada como el resto de los integrantes de la asociación ilícita "que conformaron ficticias cooperativas", "cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados” ya que “se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas [sic] de las órdenes que recibían, cooperativista [sic] y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones. Sala está detenida desde el 16 de enero de 2016. El reclamo por su libertad cumplirá ocho años el próximo mes y las respuestas sobre cuando pasará eso siguen sin existir.