Desde hace mucho tiempo, el comportamiento de los jueces, sobre todo los de la Corte Suprema y los de Comodoro Py, están en el foco de la opinión pública. Es que, cada día, queda más evidencia sus fallos en favor de cierto sector de la política. Y hoy, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, hizo una revelación al respecto: la jueza María Eugenia Capuchetti tiene vínculos comerciales con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde su cuenta de Twitter, Soria reveló cuál es el papel que cumple Capuchetti y por qué motivo es algo que tiene prohibido por el cargo que ocupa. “La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”.
En ese posteo, el ministro también dejó en claro que Capuchetti no solo está a cargo de la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también a la Mesa Judicial de Mauricio Macri y también la deuda con el FMI generado por el gobierno macrista. En ese punto, publicó: “Desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de 'investigadora', a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia”.
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Enseguida sumó más datos respecto a la entidad que tiene contratada a Capuchetti y escribió: “¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA que emplea a la Jueza Capuchetti y tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica”.
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¿Por qué motivos la jueza no puede realizar ningún tipo de tarea para el Gobierno de la Ciudad ni para ninguno de sus entidades? Soria lo explicó así: “El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de 'la magistratura judicial con toda actividad política' y 'cualquier actividad profesional'. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal.
Y por último reflexionó: “Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”.