por Agustin Gulman
09 Mayo de 2017 12:54
Tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que investigue si los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cometieron el delito de prevaricato, se abre un escenario múltiple en el máximo tribunal de Justicia.
El voto de tres de los cinco magistrados que integran la Corte provocó un fuerte escándalo y una ola de denuncias de abogados, así como presentaciones de organismos de derechos humanos cuestionando el beneficio del 2x1 que le aplicaron al genocida Luis Muiña, el represor condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas.
Denunciados. El fiscal Marijuan pidió investigar a los tres jueces que fallaron a favor del 2x1.
LOS TRES ESCENARIOS DE LA CORTE
Si el juez Rafecas define avanzar en la investigación y el proceso contra los tres jueces que votaron a favor de aplicar el beneficio del 2x1, una de las opciones es que se inicie un proceso de juicio político. De todos modos, los expertos en derecho consultados por BigBang coinciden en que sería un proceso extenso.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que en caso de haber condena por el delito de prevaricato, se iniciaría un proceso de juicio político, aunque fue cauto: “Lo mejor es esperar a que este proceso penal se desarrolle”, aseguró a este medio.
La denuncia que recayó en la fiscalía de Marijuan y el juzgado de Rafecas fue presentada por el ex legislador porteño y experto en derechos humanos, Marcelo Parrilli. La figura es prevaricato, que apunta a una decisión judicial contraria a lo que establece la ley. “No se prevé pena de prisión, pero es causal de juicio político. Si se avanza, la Corte seguiría funcionando de manera normal hasta que se resuelva”, agregó Gil Domínguez. Si bien la ley no prevé penas de cárcel, sí habría una multa de entre $ 3.000 y $ 75.000, y la inhabilitación absoluta de por vida.
El juez Daniel Rafecas deberá definir si avanza en el proceso jurídico para investigar.
Un fiscal que tuvo en sus manos decenas de expedientes vinculados a delitos de lesa humanidad analiza que si avanza la denuncia la autoridad de la Corte quedará “hackeada”. De hecho, el pedido de imputación es inédito. “Nunca un fiscal de primera instancia imputó a un juez de la Corte”, aseguró a BigBang.
Si avanza la denuncia por prevaricato, Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz podrían apelar, incluso, hasta llegar al máximo tribunal que hoy ellos mismos presiden. Si la causa llega a la mayor instancia jurídica del país, serían los conjueces quienes podrían definir.
Los expertos en derecho constitucional creen que el juicio político es un escenario posible y no descartan que sea por dos variables: o mal desempeño o incumplimiento en el ejercicio de las funciones. “No es menor que se los haya imputado”, analizó Gil Domínguez.
La denuncia es por prevaricato, es decir, fallar de manera contraria a lo que indica la ley.
Otro experto consultado por BigBang no descartó que la denuncia quede “en la nada”. Eso podría ocurrir si el juez Rafecas decide desestimar la denuncia o investigar y, en un futuro, dictar una falta de mérito. “Es una denuncia, muchos jueces tienen denuncias penales. Hasta que no sean llamados a indagatoria, algo improbable, no va a pasar nada”, sostuvo un fiscal con amplia trayectoria, quien recordó además que los magistrados pueden ampararse en los fueros y evitar un posible llamado a indagatoria. “Si dice 'no voy', hay que avanzar en el desafuero y la separación”.
Incluso, otra alternativa que no descartaban en caso de que avance la causa es una posible renuncia. “La autoridad quedó desprestigiada. Si la marcha de mañana es multitudinaria, estos jueces quedan a pocas estaciones de la renuncia”, aseguró el fiscal. Sin embargo, varios abogados coinciden en que los fallos de la Corte no correrán riesgo.
