Luego de que la Corte Suprema le pidiera al gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández el envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que se estableció desde mayo, la Jefatura de Gabinete le respondió de forma contundente que use sus propias fuentes de financiamiento para otorgar esa suba a todos los trabajadores judiciales. Además, le recordó que debe restringir la emisión monetaria para cuidar el valor de la moneda.
Los cuatro jueces del máximo tribunal le habían pedido a la Jefatura de Gabinete fondos para otorgar el aumento salarial retroactivo al 1 de julio pasado. De hecho, no sólo le pidió al Gobierno “una urgente respuesta”, sino que además habían señalado que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
Recordemos que en mayo de este año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, había cuestionado la política económica del Gobierno durante el AmCham Summit 2023. En ese momento, el funcionario sostuvo que los encargados de comandar el país no defienden el valor de la moneda, lo cual implica "traicionar consecuentemente la Constitución Nacional".
Durante aquel discurso, Rosatti había manifestado que "las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia". En ese sentido, había aclarado que "si se quiere otro sistema, se tiene que reformar la Constitución, sino se está hablando de otro país, de otra realidad".
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Lo cierto es que la relación entre el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia en aquel momento cuando el presidente del tribunal supremo deslizó que la política económica del Gobierno (la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central) podría ser judicializada. "El artículo 75 inciso 19 de la CN manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención de la expansión descontrolada de la emisión monetaria", afirmaba.Cn el recuerdo aún fresco de aquella velada, el ministro Agustín Rossi rechazó girarles fondos y le recordó a la Corte que los fondos de su presupuesto están “conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder”. “La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos", señaló en el documento que lleva su firma.
Además, el "Chivo" destacó que La Corte debe definir "aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”. “Es importante recordar que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles”, agregó el candidato a vicepresidente.
En otro tramo del escrito, Rossi destacó que “el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de 426.095 millones de pesos mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de 370.708 millones, dando como resultado un superávit de 55.387 millones”. “Por otro lado, se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de 24.000 millones aproximadamente. Además, la Corte Suprema cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por 187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”, precisó.
La respuesta de la Jefatura de Gabinete autoriza a la Corte a disponer de sus propios fondos para hacer frente a los aumentos salariales requeridos.. “El Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio asignando crédito para Gastos en Personal por un total de 10.000 millones”, destacó finalmente Rossi.
Y concluyó: "De manera que, respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial de la Nación. En caso de resultar insuficiente, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria incluyendo la fuente de financiamiento 13 - Recursos con afectación específica dispuesta por la Ley N° 23.853".